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La cobertura universal de salud: del discurso a la realidad
20/10/17, 09:38 BUENOS AIRES, octubre 20: En esta columna de opinión, el titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) Jorge Yabkowski ratifica las críticas del sector médico al sistema lanzado por el gobierno, y plantea los principales interrogantes que genera en el sector.
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La CUS (Cobertura Universal de Salud) es una estrategia de seguro de pobres y canasta básica impulsada por el Banco Mundial (BM), como alternativa a los fracasados planes focales de los 90. Su objetivo central (según declara) es evitar que las familias caigan en la miseria por los gastos de salud. Dice el BM que 250.000 personas por día en el mundo entran en la pobreza o la indigencia por afrontar gastos en la atención sanitaria.

Argentina adhirió a la CUS durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, votándola positivamente en la OMS en 2005 y en la Asamblea de Naciones Unidas en 2012. El gobierno de Mauricio Macri la impulsa como política pública a partir del decreto 908 /2016.

¿Cuáles son los resultados en los países donde se aplica? La OMS en su página dedicada a la financiación de la salud, compara el gasto privado y de bolsillo de 147 naciones entre 2003 y 2014. Allí puede verse que en la mayoría de las que adoptaron la estrategia de los seguros focalizados (CUS), el gasto privado y el de bolsillo en lugar de disminuir se disparó. Perú tiene hoy un 40 por ciento de gasto privado. El 73% del mismo corresponde al gasto de bolsillo de las familias. México, donde se aplica el llamado “Seguro Popular” tiene un 50 por ciento de gasto privado, el 92 por ciento de bolsillo. En Colombia la CUS se aplica desde el año 2000 a través de la ley 100. Allí entre 2003 y 2014 el gasto privado y de bolsillo creció un 35 por ciento. Además, cerraron 20 hospitales públicos que no pudieron competir con el sector privado a la hora de captar asegurados. En las antípodas los países con sistemas universales financiados por rentas generales tienen un gasto privado bajo. En Japón e Inglaterra, por ejemplo, es del 16 por ciento.

El INDEC, a raíz de la intervención durante el gobierno anterior, ha dejado huellas que se expresan en la disparidad de apreciaciones sobre el porcentaje del PBI que gasta la Argentina en salud. La OMS habla de un 5,9 por ciento, el Banco Mundial de un 7 por ciento y los funcionarios nacionales de un 9 al 10 por ciento. Analicemos al parámetro que mejor expresa la eficiencia real del sistema. Los funcionarios del Ministerio de Salud hablan de un 30 por ciento de gasto privado, casi un 3 por ciento del PBI. La OMS lo sube al 45 por ciento, pero sobre un porcentaje del 6 por ciento. Es decir, un 2,5 por ciento del PBI. En ambos casos el 83 por ciento de ese gasto proviene del bolsillo de las familias.

Según los funcionarios del Ministerio de Salud el objetivo de la CUS es disminuir el gasto de bolsillo, que afecta en mayor proporción a los sectores más pobres. ¿Pero cómo lograrlo sin poner un peso para mejorar y ampliar los servicios públicos gratuitos de salud?

En la mesa organizada por el DASEF el 6 de octubre en la Facultad de Medicina de la UBA, participamos como FESPROSA junto al Viceministro de Salud de la Nación, Dr. Adolfo Rubinstein. Comenzamos diciendo que una reforma sustancial del sistema de salud no puede ser implantada por un Decreto de necesidad y urgencia (DNU 908/2016), eludiendo el debate social y parlamentario. Mostramos que los famosos 8000 millones para la CUS siguen desde hace 14 meses inmovilizados en el Banco Nación. A la hora de la implementación efectiva el viceministro dijo que la CUS tendrá como base la ampliación del Plan SUMAR. Sin embargo, el presupuesto nacional 2018 prevé solo 2200 millones para este programa. El mismo no cubre a los 15.5 millones que presuntamente abarcará la CUS. Según el presupuesto el SUMAR alcanza a solo un tercio de ese universo, 4.7 millones de personas. A la sazón 40 pesos por mes por beneficiario. ¿Alguien puede pensar que un plan integral de garantías explicitas de atención se puede financiar con este dinero?

Dijimos también que no tocar el anárquico y oneroso sistema de Obras Sociales es llevar al fracaso a cualquier reforma progresiva. En ese sentido criticamos la alianza gobierno-CGT para el manejo de las políticas públicas de salud. Planteamos también que el ministro Lemus no quiso recibirnos ni para debatir la CUS ni las condiciones de trabajo de los 350.000 agentes que sostienen, en 1600 hospitales y 6000 unidades sanitarias, los 125 millones de prestaciones anuales que realiza el sistema público. Señalamos la precarización laboral y los bajos salarios del plan CUS-comunitarios, presunta base de la atención “personalizada y continua ‘en la CUS. Dijimos que sin trabajo decente, sueldos acordes, carrera sanitaria nacional y medidas de fomento para la radicación en zonas desfavorables la atención’ personalizada y continua” era una ilusión irrealizable. Entre otros puntos propusimos bajar el gasto de bolsillo de las familias entregando gratuitamente los medicamentos esenciales, entre ellos el misoprostol, fabricados por la producción pública. En definitiva, dijimos: no al seguro, sí al sistema fortalecido desde una perspectiva de derechos

Para nuestra sorpresa el viceministro del gobierno de Cambiemos, ante 350 personas, la mayoría jóvenes estudiantes y graduados de ciencias médicas, afirmó lo siguiente:

1) La CUS no es un seguro y menos un seguro de pobres. Es solo una estrategia de fortalecimiento del sector público 2) No habrá carné. Solo DNI 3) No habrá canasta de prestaciones 4) La base de su desarrollo será el SUMAR 5) Los 8000 millones del fideicomiso no son la financiación de la CUS sino solo un apoyo para organizarla 6) La Nación no tiene presupuesto propio más que para apoyar algunas acciones. Los recursos, entonces, deberán salir de las provincias y los municipios. No se le quitará a los hospitales y centros de salud su presupuesto histórico. 7) El eje de la CUS será la historia clínica electrónica y los turnos personalizados. (sic) 8) En esta etapa no se meterán con las Obras Sociales. Es un problema político complejo.

La primera conclusión es que, por ahora, la CUS no tiene financiación ni nacional, ni provincial ni municipal para implementarse como seguro. Por lo tanto, al menos por el momento, sería solo una “estrategia” basada en la nominalización de la población a cargo y la historia clínica digital unificada. Desaparecida la ilusión de hacerse de fondos adicionales los gobiernos provinciales empiezan a mirar a la CUS con recelo. El de Santa Fe ya se pronunció en contra y reafirmó la defensa de su sistema de atención pública.

Las políticas para “empaquetar” al sector informal en un seguro de pobres ya lleva varios fracasos desde los años 90 a esta parte. Sin embargo, el Banco Mundial y la Fundación Rockefeller, apoyados ahora por la filantropía de Bill y Melina Gates, no se rinden. Para desembarcar en la Argentina tienen que meter el cuchillo en los establecimientos públicos y paralizar la resistencia de los trabajadores, convenciendo a su vez a los de usuarios de que la CUS es el camino al paraíso sanitario. Y, por ahora, sin poner plata. La conclusión es que lejos de ser inevitable la CUS, por el momento, está solo en los papeles y en el discurso de los funcionarios. La batalla de fondo recién comienza.

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