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Néstor Caprov
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Uruguay: la justicia deberá expedirse sobre la ley que regula fármacos de alto costo
10/8/15, 12:17:46 MONTEVIDEO, agosto 10: La Suprema Corte del país vecino se encuentra analizando un recurso de inconstitucionalidad de la ley que regula los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de salud. La medida fue presentada por un paciente oncológico que requiere un tratamiento cuya dosis mensual cuesta US$ 10 mil. #Fármacos
El caso de un paciente uruguayo con cáncer de piel llegó hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del país vecino y la resolución del mismo podría generar un importante precedente legal. El paciente oncológico planteó por medio de sus abogados la inconstitucionalidad de un artículo de una ley, donde se establece que los pacientes tienen derecho al acceso a medicamentos "debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos por éste en el formulario terapéutico de medicamentos".

El medicamento que le fue prescripto al paciente es Vemurafenib, cuya dosis mensual cuesta US$ 10 mil. El mismo se encuentra aprobado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), pero no se encuentra incluido en el formulario terapéutico de medicamentos (FTM). Es decir, que el paciente debería costearse el tratamiento por su cuenta, ya que al no estar incluido en el formulario su mutual no lo cubre.

El caso tuvo una primera instancia donde se resolvió que el MSP debía financiar el tratamiento. La secretaría del Estado uruguayo apeló el fallo argumentando que si bien el fármaco estaba autorizado, no forma parte del listado de medicamentos regulados por el MSP a través del FTM.

Como consecuencia de esta apelación, los letrados del paciente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la ley 18.335 al considerar que contradice el artículo 44 de la Constitución que garantiza el derecho a la salud y establece que "todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes".

Los abogados señalaron que se trata de la primera vez que se presenta un recurso de inconstitucionalidad contra esa norma y que el fallo podría sentar jurisprudencia. En declaraciones al diario El Observador, Diego Durand (abogado del paciente) expresó: "Si se declara inconstitucional el artículo 7 de la ley 18.335 significa que se deberá entregar la medicación a todos los pacientes. Ese es el antecedente que queremos generar. El punto en cuestión es poner a consideración de la Corte la legalidad de una ley que quita el acceso a medicamentos".

El recurso llega justo en la semana en la que se conoció la noticia de que un equipo técnico del gobierno uruguayo se encuentra analizando la incorporación de más de 30 medicamentos – muchos de ellos de alto costo – al FTM.

Justamente la cuestión económica parece ser la clave de toda la situación. En el recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Suprema Corte, los abogados esgrimen que la norma cuestionada le permite al MSP "incluir o no" ciertos medicamentos en el FTM pero eso se hace "en base únicamente en razones de índole económica por el alto costo de mismo".

"En consecuencia, queda evidenciado que en el presente caso existen derechos constitucionalmente reconocidos, a la salud, vida y la igualdad que han sido vulnerados por el art. 7 de la ley 18.335 al dejar librado al MSP la inclusión o no de medicamentos necesarios para los pacientes, cuya protección puede hacerse valer como la de cualquier otro derecho inherente a la personalidad humana, que han sido afectados con la negativa al acceso al medicamento", sostiene el abogado Durand en el recurso presentado ante la Suprema Corte. Según aseguró Durand a El Observador, el MSP no incluye en el FTM los medicamentos oncológicos de alto costo "por un tema exclusivamente económico".

De acuerdo a las estimaciones de quienes conocen los tiempos judiciales, el fallo del máximo órgano judicial sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado se conocerá en unos seis u ocho meses. Mientras tanto, desde el fallo de primera instancia a favor del hombre, el Ministerio de Salud Pública uruguayo se encuentra financiando el tratamiento.
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