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Producción Pública de Medicamentos: la Industria sale a boicotear la ley
15/6/15, 12:50 BUENOS AIRES: Se opone al proyecto que tiene media sanción en Diputados. Asegura que se contrapone con el desarrollo del sector. Pero especialistas de distintas áreas aseguran que esta actividad traerá muchos beneficios al país, en especial el acceso a los medicamentos.
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La flamante ley que promueve la producción pública de medicamentos sufrió en los últimos días un fuerte ataque de los principales laboratorios del país, que busca boicotear su puesta en marcha. Con su poder de lobby a cuesta, las firmas se mostraron en contra de la norma aprobada en diputados, y busca recortar el incentivo de esta actividad, cada ve más importante en el país. los especialistas y sanitaristas más importantes del país salieron a defender la ley.

Mediante un polémico comunicado, las dos cámaras principales que agrupan a los laboratorios nacionales mostraron su rechazo a la ley que incentiva la producción estatal de medicamentos. Con la firma de Cooperala (Cámara industrial-empresaria de Laboratorios Farmacéuticos) y CILFA (Cámara Industrial-Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos), las firmas hicieron llegar a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación su posición respecto al proyecto de Ley de Producción Pública de Medicamentos a ser tratado por el Parlamento

“Creemos que en cuestiones de política sanitaria e industrial, el Estado debe asumir un rol orientador y en tal caso el sector privado aspira a ser protagonista activo de una articulación pública y privada, teniendo como eje el fomento a la investigación y desarrollo de aquellos medicamentos relacionados con las enfermedades olvidadas, huérfanas, vacunas y para patologías regionales”, afirmó el comunicado.

Los laboratorios afirman que “observamos con preocupación el avance de esta iniciativa orientada a utilizar recursos presupuestarios para favorecer la producción estatal de medicamentos sin estar justificada y sustentada por un Plan de Salud que hubiese establecido las prioridades que el actual estado sanitario y epidemiológico del país requiere”.

Según las cámaras, este proyecto se opone al denominado Programa Industrial Estratégico 2020, en el que se han identificado diez sectores económicos estratégicos, entre ellos la industria farmacéutica. “Consideramos que el proyecto bajo análisis en lugar de impulsar los mecanismos necesarios para su fortalecimiento y desarrollo del país, confronta los roles estatales y privados”, afirman.

Por todo estos, los laboratorios pidieron “reconsiderar el proyecto presentado en función de las argumentaciones expuestas y de las posibles consecuencias derivadas de la eventual aprobación de un proyecto descontextualizado de la realidad sanitaria y tecnológica del sector”.

Pero especialistas y sanitaristas del país defienden la iniciativa. José Carlos Escudero, uno de los más destacados defensor de la actividad, “afirmó que “con una pequeña inversión adicional, el Estado podría fabricar muchísimos más remedios a un precio más bajo que la industria comercial y –aunque no me crea– con mejores controles farmacológicos”.

Escudero es miembro del consejo académico de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la UBA. Recibido en esa universidad, se convirtió en referente en cuestiones de sanidad pública. Desde 1987 es un educador de excepción desde su cátedra de la Universidad de Luján. Antes, estuvo exiliado en Suecia y trabajó en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Junto con colegas de gran relevancia profesional –Mario Rovere, Donato Spaccavento, Daniel Capponi, Guillermo Reyna y otros– la semana pasada firmó una solicitada titulada “Salud para Todos o Salud para Pocos”.

En ese documento, los sanitaristas reivindican para el país un Sistema Integrado de Salud, donde el Estado regule y sea el garante “de una salud universal, gratuita, integradora, capaz de redireccionar inversiones, modificar intervenciones y disminuir inequidades, desintegraciones e ineficiencias.”

Sobre el lobby farma´ceutico, Escudero fue contundente: “las comisiones de Salud, tanto en Diputados como en Senadores, son una forma de bicicletear proyectos. Hay que hablar con ellas pero también hay que movilizar a la sociedad civil para que tenga claro que la buena salud es la desmercantilizada. Sólo por el hecho de defender el derecho de ciudadanía, que debe ser regulado y practicado por el Estado. Defendiendo estas líneas estratégicas, se le puede torcer la mano a lobbies fuertes, como se demostró con la Ley de Medios. Con la Ley de Matrimonio Igualitario se demostró que la sociedad civil está muy por delante de la sociedad política”.

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