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Los pacientes y afiliados damnificados, la cara oculta de la mafia de los medicamentos
15/6/15, 12:50 BUENOS AIRES: Son las principales víctimas de la adulteración de fármacos. Miles de casos salieron hasta el momento a la luz. Testimonios de su drama diario.
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Salen poco en los medios. Apenas se los nombra cuando se habla del tema. Se vuelven números que no alcanzan a dimensionar su drama. Son los pacientes y afiliados de las obras sociales damnificados por la mafia de los medicamentos, que recibieron los fármacos adulterados o falsificados y pagan cada día con su vida la codicia de un negocio macabro. Son muchos y comienzan a salir a la luz, mediante su desgarrador testimonio. Aquí algunos de ellos, que vaticinan además una lluvia de juicios que pueden terminar con varias mutuales.

Me deprimí por el maltrato y el manoseo que sufrí cuando tuve que retirar mis medicamentos oncológicos de la droguería San Javier. Hasta sufrí un infarto”, le dijo al diario LA NACIÓN Ester Miraglia, empleada del Banco de la Nación Argentina (Casa Central), una de las víctima socultas de la mafia.

Como Miraglia, miles de empleados a la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA) y a varias otros se acercan al juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa, para dejar su testimonio. Desde Mar del Plata, Claudio Vignolo, de 44 años, sumó su denuncia: Me detectaron la enfermedad (tiene HIV) en 2001. Mi padre fue bancario y por eso tengo esa obra social. A partir de 2005 comencé a tener problemas con la entrega de la medicación. Algunas me las daban con retraso. Otros remedios me han llegado luego de cinco meses de haber vencido. Los peores son aquellos que debían mantener una cadena de frío y llegaban a mi casa en una bolsa de supermercado.

Vignolo precisó: Con los medicamentos de San Javier tenía las defensas en 125, un número muy bajo. Además, me aparecía en los análisis una muy alta carga viral. Con medicación entregada en un hospital público, tenía las defensas en 800 y casi no tenía carga viral presente en sangre.

En Córdoba, un jubilado bancario cordobés, José María Porrini, cuya esposa falleció de cáncer el 8 de febrero último, se presentará ante el juez Oyarbide para que investigue si los medicamentos oncológicos que le proveyó la Asociación Bancaria estaban adulterados o vencidos.

Podría no ser el único caso, según Ricardo Ríos, presidente del Centro de Jubilados del Banco de la Provincia de Córdoba. No es un hecho aislado. Existe una gran preocupación entre los bancarios de Córdoba después de lo que se ha conocido que ha sucedido en Buenos Aires. Se sospecha que algo similar puede haber ocurrido en Córdoba. Muchos de los medicamentos para los tratamientos venían directamente de la OSBA central, indicó Ríos.

Hace un año que Ester recibe la medicación correctamente, pero cuenta que a partir de que se conocieron públicamente las irregularidades de La Bancaria, desapareció su legajo médico. Vignolo sólo en abril de este año comenzó a recibir la medicación a tiempo y en buen estado. Inicié una causa penal y civil contra el señor Zanola, dijo.

Cabe recordar que ayer el juez Oyarbide adelantó que declarará el secreto de sumario en la causa, cuyos principales acusados son el sindicalista bancario Juan José Zanola, el empresario Néstor Lorenzo y el ex jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. Según se supo, hoy serán presentadas ante la Justicia pruebas irrefutables que marcan el nexo entre la obra social bancaria y una droguería vinculada a Sebastián Forza, el empresario asesinado en el triple crimen de General Rodríguez, según informó C5N.

El director médico de la obra social había desmentido este vínculo, pero las nuevas pruebas que figuran en el dossier al que accedió C5N marcan que esta droguería era proveedora de los bancarios. Además, de las investigaciones realizadas en los últimos días surgen nuevos indicios que complican la situación procesal de Zanola. Por ejemplo, uno de los libros de psicotrópicos de la farmacia de la obra social, en donde se registraba la medicación y los nombres de los pacientes que los consumían, tiene enmiendas, está incompleto y con varias irregularidades.

En el expediente surge también que Zanola autorizó el envío de más de $70 millones a la droguería San Javier, propiedad del empresario Néstor Lorenzo, uno de los principales involucrados en la causa que investiga la comercialización de medicamentos truchos.

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