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Se complican situación de ex funcionario de la superintendencia
15/6/15, 12:50 BUENOS AIRES: Ayer se secuestró documentación que implica a Néstor Vázquez, ex mano derecha de Héctor Capaccioli en la entidad. Una pista apunta al Banco Provincia.
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La investigación por la mafia de los medicamentos vuelve a salpicar a un ex funcionario y a algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Ayer, luego de nuevos allanamiento, se confirmó que está cada vez más complicada la situación de Néstor Vázquez, quien fuera gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) durante la gestión de Héctor Capaccioli y a quien todos sindican como “mano derecha” del funcionario. Además, el juez le apuntó al banco Provincia, por su relación con la compra de fármacos a través de la Obra Social Bancaria (OSBA).

Ayer el juez de la causa Norberto Oyarbide allanó las oficinas capitalinas del grupo Bapro, liderado por el banco bonaerense. Allí, secuestró documentación que pese al secreto de sumario se supo compromete al ahora empresario y ex funcionario. Oyarbide, en su ya habitual contacto con la prensa en la puerta de su domicilio particular, adelantó hoy que esta documentación “tiene que ver con la investigación del posible delito de lavado de dinero”.

El operativo tuvo epicentro en las oficinas de Mandatos y Negocios del Grupo Bapro, en Carlos Pellegrini 91, a metros del Obelisco. El resultado, dijeron fuentes judiciales al diario Página 12, “complica al farmacéutico Néstor Lorenzo y a las autoridades de la OSBA”.

Fuentes del caso también confirmaron al diario que en el procedimiento en Bapro se incautaron “órdenes de pago irrevocables garantizadas, es decir, documentos sobre el fideicomiso a través del cual la droguería San Javier, propiedad de Lorenzo, pasó a ser el principal proveedor de la OSBA. Según la denuncia hecha por (al ex ministra de Salud de la Nación) Graciela Ocaña, los beneficiarios de este fideicomiso serían la droguerías San Javier e Intermedicina, vinculada con Vázquez”. , quien fue gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) durante la gestión de Héctor Capaccioli como titular de este organismo estatal, que maneja fondos de las obras sociales.

Por su parte, el grupo Bapro trató de desligarse de la situación. Mediante un comunicado de prensa dio su versión de los hecho: “En agosto de 2008 la situación de la OSBA era muy comprometida desde lo administrativo-financiero, con embargos, pagos atrasados y prestaciones cortadas. Frente a eso, la obra social plantea conformar un fideicomiso para concentrar todos los ingresos y armar un sistema de pago a proveedores acotado a la realidad de los ingresos que tiene, separándolo de sus propias cuentas que ya estaban embargadas”.

Según consta en el comunicado, la droguería San Javier era, al principio, una de las proveedoras de la obra social y “tenía un pasivo por medicamentos provistos, pero luego la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos (ANMAT) le sacó la autorización y se hizo una enmienda”. La OSBA, según las autoridades del Bapro, tiene unos 160 proveedores a los que debía pagar (del mismo fideicomiso): desde el agua y el oxígeno que se les da a los pacientes internados hasta el sueldo de los empleados. El dinero depositado en ese fideicomiso era de alrededor de 18 millones de pesos anuales.

“La administración del fideicomiso sigue a cargo de la obra social, que mantiene la discrecionalidad de los pagos, tras la autorización de un comité ejecutivo del fideicomiso. Al Bapro sólo le llega la orden de pago que se le efectuó al proveedor indicado”, dijeron voceros de la entidad.

Cabe recordar que ayer el juez Oyarbide ordenó dos nuevos procedimientos, en la localidad bonaerense de Paso del Rey y en la ciudad de Córdoba, donde se secuestró una importante cantidad de medicamentos adulterados y documentación. Además, se detuvo a un hombre, que según el propio magistrado y la Policía “tiene gran importancia” en el sistema de la mafia.

La causa se trasladó a la provincia mediterránea por la denuncia de Ricardo Senestrari, un afiliado bancario que dice haber recibido un medicamento falso. “Es un trasplantado renal de la mutual que plantea sus dudas, porque su salud viene empeorando y sospecha de la calidad de la medicación”, detalló. Las sospechas derivaron en el allanamiento de una droguería cordobesa en la calle La Voz del Interior 7435, donde se secuestró documentación y remedios.

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