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El Senado a un paso de aprobar ley que define al medicamento como “bien social”
15/6/15, 12:50 BUENOS AIRES: Se trata del proyecto de Producción Pública de Medicamentos, que ya tiene media sanción de Diputados. La semana pasada obtuvo el visto bueno de la comisión de Salud, y será tratado en la sesión del 1º de junio. Para los especialistas podrá cambiar el paradigma del sector.
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Desde la semana que viene, el medicamentos en la Argentina puede pasar a un lugar de privilegio en materia de políticas sanitarias. Es que el Senado tendría todo dispuesto para votar la ley que declarará a los fármacos “bienes sociales”, y creará un programa para incentivar la producción pública. La norma, con media sanción de Diputados, ya tiene el visto bueno de la comisión de Salud, que dio despacho favorable para ser tratada el próximo 1º de junio. cuáles son los alcances de la iniciativa y cómo puede cambiar el mapa de los remedios en el país.

La iniciativa fue tratada la semana pasada en la comisión de Salud, y obtuvo la firma de todos los bloques políticos que la integran. De esta manera, se acerca a ser ley el proyecto para crear un Programa Nacional de Producción Pública de Medicamentos, que además declarará de “interés nacional” la actividad de los laboratorios estatales y, lo más importante, declarará al medicamento “bien social”. La ley podría permitir que los medicamentos que la Nación distribuye a través del Plan Remediar sean provistos a menor costo por la producción pública y propiciaría la investigación y la producción de principios activos, donde tendrán un enorme rol las universidades públicas y los hospitales.

La norma nació como una unificación de los proyectos de Eduardo Macaluse y Mario Martiarena en diputados, que ya obtuvo media sanción de esa cámara. La ley requiere poner la producción pública en condiciones de “promover la provisión de medicamentos, vacunas y productos médicos que demande el primer nivel de atención, en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud”. Para esto, se utilizará la red del Plan Remediar. El proyecto requiere que el Ministerio de Salud de la Nación promueva mecanismos para que el Estado nacional y las provincias otorguen “preferencias” a los productos de los laboratorios públicos.

La norma también pide “promover la investigación y producción de ‘medicamentos huérfanos’”, es decir, los que, por ser poco rentables, no interesan a las empresas farmacéuticas, y “promover la articulación con instituciones académicas y organizaciones de usuarios”.

Claudio Capuano es coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA y uno de los referentes de la Red Nacional de Laboratorios Públicos, le dijo a Página/12 que “de las 39 unidades públicas de producción de medicamentos, 11 están en condiciones de producir un tercio más del total de lo que necesita el programa Remediar, y a un costo mucho más bajo. También bajaría el costo de la distribución, ya que la Red cubre el país, mientras que el 95 por ciento de los laboratorios privados está en la provincia de Buenos Aires”.

Según Capuano, “la sanción de una ley permitirá dar al programa de producción pública de medicamentos una continuidad que no puede garantizar un decreto o una resolución ministerial: así sucedió con la resolución 286/08, que dictó Graciela Ocaña cuando era ministra de Salud de la Nación; ella la sostuvo, pero el actual ministro, Juan Manzur, restó impulso a la producción pública de medicamentos”.

Por su parte, Martín Isturiz, coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, advirtió que la normativa propuesta “es una ley amplia, una ley marco: sus alcances dependerán de su reglamentación, que a su vez depende de la voluntad política del Ministerio de Salud de la Nación”.

Isturiz señaló que “la ley abre el camino para hacer investigación en la Argentina: llegar a elaborar principios activos de medicamentos, que hoy prácticamente no se hacen, sino que se importan. El Estado tiene posibilidad de encarar esta producción, ya que sus laboratorios pueden fácilmente vincularse con las universidades y los organismos de ciencia y técnica”.

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