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Farm. Néstor Caprov

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VIENDO 20/2/17
#PAMI
La discusión por la realidad del PAMI se instaló en la legislatura nacional
Hoy 12:22, BUENOS AIRES, febrero 20: Diversos proyectos presentados en los últimos días buscan instalar la problemática de la obra social en el Congreso, desde el recorte a la cobertura de medicamentos al polémico convenio con el club Boca Juniors. Una nueva denuncia por gastos en fotocopiadoras y alquileres, un nuevo capítulo de la corrupción en la entidad.
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#Vacunación
Por el faltante de vacunas del Calendario Oficial, en Provincia piden declarar la emergencia sanitaria
16/4/19, 09:21, LA PLATA, abril 16: Un diputado provincial presentó un proyecto para que se declare el territorio bonaerense en emergencia y que el ejecutivo instrumente los mecanismos para garantizar las dosis. En todo el país, al menos seis provincias que reportaron formalmente la falta de unas nueve vacunas.
#Opinión
Mal de Chagas: la enfermedad que crece con la pobreza
15/4/19, 09:52, BUENOS AIRES, abril 15: A propósito del Día Internacional de la Lucha Contra el Mal de Chagas, que se conmemoró ayer 14 de abril, Jorge Tartaglione, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) y comunicador de temas de salud, reflexiona sobre la realidad de la enfermedad en la Argentina.
A través de varios proyectos legislativos, la discusión sobre la realidad del PAMI se comenzó a instalar en el Congreso. El recorte en la cobertura de los medicamentos al 100 por ciento, sumado a algunos convenios polémicos, hizo que varios legisladores pidan información sobre la obra social, lo que enfrenta al oficialismo con la oposición. Días atrás, un acuerdo millonario con el club Boca Juniors desató las críticas a la gestión de Carlos Regazzoni, que por un lado recorta beneficios pero por otro gasta millones de pesos en un convenio no demasiado claro. Estos temas comenzarán a discutirse en ambas cámaras, si prosperan los pedidos de informe. Además, comienzan a circular versiones de estafas y gastos excesivos, en especial en alquileres y fotocopias.

En la cámara baja nacional, la discusión del PAMI comenzó a tomar temperatura. Uno de los primeros fue el diputado nacional Julio Solanas, quien solicitó una cuestión de privilegio para expresar su repudio y pedir que se revea la resolución del PAMI que deja sin efecto el descuento del 100 por ciento para algunos medicamentos. “La resolución 005/17 del PAMI establece como requisito indispensable para acceder a la cobertura de medicamentos al 100 por ciento no tener ingreso menor o igual a 1,5 haberes provisionales mínimos (5.661 pesos), no ser propietario de más de un inmueble o poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad”, recordó, lo que consideró “absolutamente ilegítimo”. “Una persona que percibe el equivalente a dichos ingresos se encuentra por debajo de la línea de pobreza, conforme a las estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos”, agregó Solanas.

Para el diputado, la nueva normativa “viola la Ley 25.615 de creación del PAMI, donde establece que el Instituto tendrá como objeto otorgar —por sí o por terceros— a los jubilados y pensionados del régimen nacional, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios”.

Por su parte, los diputados nacionales pampeños también quieren saber sobre los problemas en la entrega de medicamentos y prótesis a beneficiarios en diversas agencias. El pedido surgió ante las denuncias de que ambos beneficios están cortados en La Pampa, ya que varios afiliados manifestaron quejas telefónicas por el retraso en el envío. Los problemas se dieron en las agencias del APMI en Santa Rosa, Gral. Pico, Gral. Acha, Quemú-Quemú, Eduardo Castex, Intendente Alvear y Colonia 25 de Mayo, informaron los legisladores.

En cuanto al convenio con Boca Juniors, la senadora Magdalena Odarda (CC-ARI) presentó un pedido de informes para que se brinde respuestas acerca de la naturaleza del controvertido acuerdo. Si bien la resolución 1809 suscripta entre el PAMI y la entidad deportiva no precisa un monto específico, asegura que todo gasto futuro por actividades comunes se carga sobre la secretaría de Promoción Social del PAMI, que proveerá la “asignación de recursos económicos de las acciones conjuntas que surgieran del Convenio”. El contrato es por dos años, se renovará automáticamente y fue firmado en el más absoluto silencio de las partes, informó la oficina de prensa de a senadora.

“Es, como mínimo, llamativo que se firme un convenio más que ambiguo que no especifica actividad ninguna pero asegura acciones difusas a cargo del Estado, mientras el PAMI profundiza los recortes en servicios a los jubilados”, dijo Odarda. “Al quite del 100 por ciento del subsidio en medicamentos y ajustes en los médicos de cabecera, se le suma la falta de entrega de prótesis e insumos ópticos, y el cierre de centros de salud”, agregó. “Según fuentes gremiales, durante 2016 las licitaciones de compra de remedios fueron nulas”, denunció.

La senadora afirmó que “en vez de distraer recursos y tiempo de funcionarios para esta clase de acuerdos, resulta imperioso que el Director Ejecutivo de PAMI, Dr. Carlos Regazzoni, brinde una solución inmediata al problema del corte de servicios de medicamentos en las farmacias de la provincia de Río Negro y de todo el país”.

En medio de estas acusaciones, una nueva denuncia pone en jaque a la administración de Regazzoni. El organismo desembolsará este año, según publicó el diario platense Hoy, 25 millones de pesos para el alquiler de máquinas copiadoras. A esta situación se le suman los contratos por más de 468 millones para el arrendamiento de edificios y oficinas, cuando tiene 35 inmuebles propios en desuso. El manejo de los fondos en el instituto de los jubilados, en el ojo de la tormenta. A esta situación se le agregan las cifras millonarias que se gastan para el alquiler de edificios para que funcionen las diferentes delegaciones, cuando el PAMI tiene 35 inmuebles propios en desuso y en franco deterioro a lo largo y ancho del país, que no se arreglan ni se ponen en condiciones para la atención de los más de cinco millones de afiliados.

Para el abogado especialista en derecho previsional, Christian González D’Alessandro, “mientras les cortan las prestaciones a los jubilados en medicamentos, odontología y prótesis de cadera, se hacen negocios con los dineros públicos, malgastándolos en el alquiler de fotocopiadoras, cuando las mismas podrían ser adquiridas por el Estado de una sola vez y abastecer a todas las delegaciones del PAMI”.

“No hay una política pública de regulación de los precios. Los jubilados y los pacientes son los que se arruinan, entonces están dejando una política de mercado abierto que tiende a ser la de los 90 cuando dirigía el instituto Víctor Alderete. Contratos para alquilar fotocopiadoras o edificios por decenas de millones de pesos, es un gasto completamente innecesario”, resaltó el director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológicas.