Edición y Dirección General
Farm. Néstor Caprov

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VIENDO 23/10/17
#NoaFarmacity
Con otra denuncia, farmacéuticos le apuntan a la complicidad del gobierno con Farmacity
23/10/17, 11:18, BUENOS AIRES, octubre 23: La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) le apuntó al secretario de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio, Raúl Alejandro Ramos, quien habría cajoneado denuncias contra la cadena de farmacias. Además, proveedores pymes de la empresa se quejan de las condiciones abusivas que impone la firma.
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#SeguridadSocial
“Las farmacias sustentan con fondos propios lo que les debe la obra social”
12/12/18, 12:27, PARANA, diciembre 12: Lo dijeron los farmacéuticos de entre Ríos, que afirman que los plazos de pago de la obra social provincial IOSPER hace que se complique la reposición de medicamentos.
#Vacunación
Media sanción a la reforma de la ley de vacunas que potencia su obligatoriedad
6/12/18, 10:47, BUENOS AIRES, diciembre 6: El proyecto del legislador Pablo Yedlin obtuvo el visto bueno de la cámara de Diputados, y ahora deberá pasar por el Senado para convertirse en ley. “Las vacunas son la herramienta de salud pública más importante que tenemos”, dijo el autor de la propuesta. Ahora el Senado tendrá la misión de convertir el proyecto en ley.
En el marco del escándalo por el intento de Farmacity de “romper” la ley sanitaria de la provincia de Buenos Aires, los farmacéuticos profundizan su denuncia sobre la complicidad del gobierno nacional en este avance, que va más allá de la presencia de Mario Quintana en el gabinete y de los lazos íntimos con los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Ahora, el sector puso su mirada en el ron del Ministerio de Salud nacional, que por no controlar ni sancionar a la empresa. Se trata de una denuncia de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) contra un funcionario de esa cartera, que debería haber controlado el accionar de la cadenera, y lo que hizo fue protegerla. Apuntan a “presiones políticas”. Además, el sector Pymes se suma al rechazo del modelo de negocios de la firma, en especial aquellas que son sus proveedores.

La nueva denuncia de la COFA apunta a un funcionario de la cartera sanitaria, Raúl Alejandro ramos, quien es titular de la secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de Salud nacional. Según informó el sábado el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, la queja de la entidad farmacéutica contra el funcionario es porque supuestamente “cajoneó expedientes y se negó a sancionar a Farmacity por violar regulaciones del sector”. “Con la firma de su presidenta, María Isabel Reinoso, la confederación que reúne a las farmacias de todo el país requirió a la Justicia que investigue si Ramos protegió a Farmacity por iniciativa propia o contó con algún ‘cómplice primario o secundario o instigador’ de los delitos de abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, señaló la nota periodística.

La COFA centró su acusación en lo ocurrido en el expediente 1-2002-15328-14-4 del Ministerio de Salud, que se inició tras una inspección a un local de Farmacity, en julio de 2014, y la apertura de un sumario por infracciones detectadas. Un año después, la Dirección de Sumarios del Departamento de Faltas Sanitarias emitió su informe 70/15. Allí indicó que correspondía aplicarle dos multas por un total de 60.500 pesos, que se sumaban a otras multas en trámite contra Farmacity en otros expedientes. El expediente sancionatorio siguió su curso, hasta el punto que el 15 de febrero de 2017, la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización envió a Ramos el proyecto de resolución para sancionar a Farmacity. "Desde entonces, durante casi dos meses no se produjeron novedades. No se dictó la resolución propiciada ni ninguna otra", denunció la COFA. Pero el 5 de abril se presentó una apoderada de Farmacity en el expediente, para lo cual aportó un poder firmado por Quintana, en 2011, como presidente de la empresa. Farmacity pidió que no la sancionaran o que, de aplicarle alguna multa, al menos procedieran a la "eximición de las tablas de rigor" y le impusieran un monto más benévolo. En mayo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio reafirmó su posición de sancionar a Farmacity. Pero el expediente volvió a paralizarse. Hasta que el 18 de julio, en vez de firmar una sanción contra Farmacity, Ramos devolvió el expediente para su archivo o guarda. En palabras de la COFA, "a una especie de ‘vía muerta’".

Ante ese cuadro, la COFA consideró que Ramos habría cometido los delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, que imponen multa e inhabilitación al funcionario que "ilegalmente omitiera, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio". En tanto, Alconada Mon consultó a Farmacity, quienes negaron un trato diferenciado o protección política; por el contrario, estimaron que recibieron multas por más de 400 mil pesos durante la actual gestión, que le inició más de 100 sumarios. En el Ministerio de Salud también negaron cualquier ilícito e indicaron que sólo podrían dar respuestas cuando se les notificara la denuncia. La denuncia recayó en manos del juez federal Sebastián Ramos, quien deberá enviarle la presentación a la fiscal Paloma Ochoa, para que evalúe si impulsa la investigación.

Anti pymes

Por otra parte, las farmacias siguen sumando apoyos en su cruzada contra el desembarco de la cadenera, que ya sobrepasa el ámbito sanitario. A los profesionales de todos los ámbitos se sumaron las pequeñas y medianas empresas, que además de rechazar su modelo de negocios, y denunciaron una “relación voraz” con sus proveedores, a quien “somete permanentemente con la fantasía de la vidriera y las esquilma como ovejas a cambio de algunas ventas”, según denunció una nota publicada el fin de semana por el portal Mundo Empresarial. “Farmacity sobre el precio de venta en los locales operaba con un costo de la mercadería del 50 por ciento lo que ahora es inaceptable y buscan un margen del 80 por ciento. Ahora si nos negamos, las pymes proveedoras, nos sustituirán directamente por productos importados de China y desplazados del catálogo de proveedores. Incluso bajándoles el precio o no nos garantizarían la continuidad en el abastecimiento”, denunció un empresario del sector a este medio digital.

Este claro abuso de posición dominante, se puede hacer ante la “vista gorda” de la Dirección de Defensa del Consumidor, que según las denuncias hasta diciembre del 2015 tenía un área de "Defensa de las pymes" y que el gobierno nacional disolvió. “Con una clara connivencia de funcionarios del Gobierno Nacional la CEOcracia reconfigura el mercado para favorecer a los dueños”, remarcó Mundo empresarial. “Es insólito que las empresas tengan la banca de los funcionarios para apretar a las pymes, no pueden resolver la inflación, el mercado interno y el endeudamiento externo porque los CEOS están entretenidos en ganar mercado para sus compañías", concluyó el empresario citado ese portal.