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Farm. Néstor Caprov

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VIENDO 11/12/17
#NoaFarmacity
En medio de las presiones de Farmacity, la Ley de Farmacias de la Provincia cumplió 30 años
11/12/17, 12:16, LA PLATA, diciembre 11: fue sancionada a fines de noviembre de 1987, con un amplio apoyo de todo el arco político de esos días. Hoy debe resistir el lobby de la cadena, a través de un importante funcionario del gobierno nacional. Más sectores se suman a su defensa, y alertan sobre las consecuencias de reformar la normativa.
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#SinTACC
Lanzan una canasta básica de alimentos libres de gluten
12/12/18, 10:40, BUENOS AIRES, diciembre 12: Fue creada por el INDEC y la secretaría de Salud nacional. El objetivo es crear precios de referencias para estos productos, para consumo de personas con celiaquía. Las asociaciones de pacientes venían denunciando la suba de los valores y la falta de control. La misma se actualizará dos veces al año, y será obligatoria para obras sociales y prepagas. .
#NoaFarmacity
El caso Farmacity: la Corte definirá con la candidatura a senador de Mario Quintana en el horizonte
5/12/18, 12:28, BUENOS AIRES, diciembre 5: El ex CEO de la cadenera podría volver a la primera escena política si se confirma su candidatura a senador porteño. La misma podría darse cuando la Corte Suprema deba fallar respecto a la causa iniciada por él mismo, para que la firma opere en provincia de Buenos Aires.
En medio de las presiones lanzadas por la cadena Farmacity, la ley 10.606 cumple tres décadas de vigencia. Aprobada en la legislatura bonaerense el 25 de noviembre de 1987, la norma tuvo al menos dos modificaciones, y se la conoce popularmente como Ley de Farmacias, ya que rige la actividad del sector. Pero el pedido de la cadenera para declarar inconstitucional al menos uno de sus artículos –dedicado a la propiedad de los mostradores –tiene en jaque una normativa que es considerada modelo por su espíritu sanitario. Apenas conocida la intención, muchos sectores se lanzaron a defender el modelo provincial, incluyendo varios proyectos que si bien no se aprobaron marcan el rechazo que genera en muchos bloques e avance del oficialismo nacional a través de Mario Quintana sobre territorio bonaerense. Además, por los lazos de un ministro de la Corte Suprema con la cadena, piden juicio político.

Los 30 años de la ley de farmacia se dan en medio de los ataques que el grupo Pegasus y el lobby oficialista, a través de su ex CEO Quintana. Recordando la normativa, el ex senador provincial Roberto Fernández defendió su vigencia, y criticó el avance de la firma. “La ley de farmacias, que el 25 de noviembre pasado cumplió tres décadas de vida, establece tres cuestiones básicas: determina la distancia entre un local y otro; prohíbe la formación de sociedades anónimas y tiene en cuenta la densidad poblacional para la instalación de las mismas”, explicó el ex legislador. Fernández alertó que si se “rompe” la norma, se podría caer en el modelo chileno de dispensa de medicamentos. “Básicamente, el modelo funciona con tres o cuatro cadenas que tienen la importación, fabricación, distribución y comercialización de todos los medicamentos. Esas tres cadenas son Farmacias Cruz Verde SA, Farmacias Ahumada y Salcobrand. Es decir, los laboratorios están asociados a las cadenas de farmacias”, sostuvo. “Estas tres firmas comerciales se carterizaron y determinaron el precio de todos los medicamentos, con lo que lograron incrementar sus ganancias exponencialmente. Ya no existe competencia entre cadenas de farmacias y los laboratorios. Ahumada es trasnacional; las otras dos son de capitales chilenos”, agregó, en una entrevista con el portal Blanco sobre Negro.

Fernández presentó en 2009 un proyecto para cerrarle definitivamente la entrada de las cadenas a la provincia de Buenos Aires, y si bien consiguió media sanción del Senado, no se aprobó definitivamente. Se buscaba reglamentar las franquicias en la provincia de Buenos Aires y le ponía un freno al desembarco de compañías como Farmacity. En la actualidad, hay mucho lobby para modificar la ley de farmacias. Además, en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia, un proyecto de ley del diputado Lisandro Bonelli, aclarando un artículo de la conocida ley 10606, generó cruces con el oficialismo de Cambiemos y finalmente fue rechazado.

“Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand controlan casi la totalidad del mercado trasandino. En sus locales se venden 9 de cada 10 medicamentos que consumen los habitantes. En 1980, en Chile había 1900 farmacias independientes; hoy, apenas alcanzan a 600, mientras que las tres cadenas mencionadas anteriormente manejan cerca de mil farmacias. El negocio de las farmacias se ha ido diversificando, desde la original venta de medicamentos, pasando por productos de higiene y belleza, a otros de consumo más diverso”, insistió Fernández en su crítica.

Por último, el ex legislador recordó que en todas las instancias judiciales “Farmacity no obtuvo un fallo favorable que le permitiera modificar la ley de farmacias, especialmente, en el tema vinculado a las sociedades anónimas. En las presentaciones judiciales, ellos llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y perdieron. El abogado patrocinante de la mencionada cadena de farmacia era el nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz”. Roberto Fernández teme que se modifique la ley que acaba de cumplir 30 años. Afirmó sobre el final de la entrevista: “Si se instalaran las grandes compañías farmacéuticas generarían lo mismo que ocurre con las grandes cadenas de supermercados, que contribuyeron al cierre de los pequeños comercios. Los megacentros de venta te van a vender desde una gaseosa, un medicamento, un par de anteojos, o una olla, y hasta podrán realizar cargas de tarjetas para el transporte. Pasan a formar parte de un hipermercado y no se va a justificar a un profesional verificando la comercialización de los medicamentos”.

Juicio político a Rosatti

En el mismo sentido, la diputada nacional Victoria Donda presentó un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados para remover de su cargo al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Daniel Rosatti. Los argumentos de la presentación se basan en que Rosatti habría actuado en dos oportunidades "con desapego a las normas en el ejercicio de su cargo", una de ellas en el tema Farmacity. "Contrario a las normas que regulan el buen desempeño de todo juez de nuestro tribunal más alto, en tanto posee una relación directa e insoslayable, tanto personal como política, con el Poder Ejecutivo Nacional a través del secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de ministros, Mario Alberto Quintana", expresó el texto solicitante.

La impulsora de la iniciativa señaló que Rosatti, en su carácter de miembro de la Corte Suprema, actuó, en apariencia, “con desapego a las normas en el ejercicio de su cargo, por lo menos en dos ocasiones”. Asimismo, Donda resaltó que resulta “palmario y evidente” que Rosatti y otras personas de su círculo laboral y personal mantienen una relación directa con directivos de la firma Farmacity y, en especial, con el existiendo un aparente conflicto de interés que afecta directamente la función del ministro Rosatti y que supone una gravedad institucional mayúscula en tanto las decisiones del mentado juez podrían verse afectadas en tanto afectasen los intereses no solo de la empresa Farmacity, sino también todo interés del Poder Ejecutivo nacional”.

Cabe recordar que con la firma del presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti, y los jueces Juan Carlos Maqueda y Elena de Nolasco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó los argumentos de Rosatti para no fallar en el expediente que trata el pedido de Farmacity. Según la denuncia del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Rosatti (el otro juez de la Corte nombrado por decreto por Macri) tuvo en tiempos en que era ministro de Justicia de asesora a Andrea Gualde, hoy directora de asuntos jurídicos de Farmacity. Ante la presión de las farmacias y la denuncia pública de este vínculo, se decidió aceptar la excusación.