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Farm. Néstor Caprov

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VIENDO 25/9/18
#Medicamentos
Farmacéutica multinacional renueva las presiones contra los genéricos argentinos para la hepatitis C
25/9/18, 12:30, BUENOS AIRES, septiembre 25: El laboratorio Gilead intimó a firmas nacionales a que dejen de producir versiones económicas porque pretende que el país reconozca el patentamiento exclusivo de los fármacos. De esta forma, se busca limitar el acceso de miles de paciente a un tratamiento efectivo pero muy costoso.
#PAMI
Con apoyo de la gestión local, asumió la nueva titular del PAMI Lanús
11/4/19, 10:58, LANUS, abril 11: Se trata de Romina Di Giovanni, quien ocupará a titularidad de la Unidad de Gestión Local X, con sede en el partido de Lanús. En una de sus primeras actividades se reunió con integrantes de la Defensoría del Pueblo.
#Opinión
Sarampión: la importancia de intensificar la vigilancia y la vacunación
12/4/19, 09:24, BUENOS AIRES, abril 12: A propósito del alerta epidemiológica lanzado en el país por la aparición de un caso importado, Osvaldo Teglia, profesor de la cátedra Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, recuerda la necesidad de vacunarse como forma fundamental de prevención.
Desde hace un tiempo, la farmacéutica multinacional Gilead inició una agresiva campaña en la región para que los países aprueben patentes para sus medicamentos contra la hepatitis C, tratamientos de última generación que tiene una alta tasa de sobrevida, pero que pueden costar hasta mil dólares por pastilla. En especial, el laboratorio apuntó a lo que sucede en la Argentina y Brasil, donde firmas locales producen genéricos de estos tratamientos, en especial el Sofosbuvir, para mejorar el acceso a los tratamientos. Esta semana, la productora renovó su ofensiva, con una carta documento contra las plantas locales, para que dejen de realizar estas versiones más económicas. La intimación se da cuando en suelo brasilero la justicia dio marcha atrás con la exclusividad del tratamiento, un alivio para la organizaciones de pacientes. “Gilead pretende apropiarse ilegítimamente de los derechos de patente”, denuncian desde la Fundación GEP.

La farmacéutica Gilead volvió a la carga durante el fin de semana suagresiva campaña de amedrentamiento para intentar frenar la producción de genéricos de Sofosbuvir en la Argentina. Este medicamento tiene una alta tasa de cura del mal, pero por los pedidos de patentamiento de la firma es muy caro, lo que habilitó a algunos laboratorios de bandera nacional a producir genéricos, y así garantizar el acceso de más personas. “Intimamos a que se abstengan de fabricar, usar, ofrecer para la venta, vender, y/o importar cualquier producto contiendo principio activo Sofosbuvir y que caiga dentro del alcance de la patente”, dice la carta documento, enviada el 7 de septiembre a un productor local con registro sanitario otorgado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) e indica que la empresa iniciará “las acciones que considere apropiadas para defender sus derechos” y reclamará daños y perjuicios.

En noviembre de 2017 la compañía estadounidense logró que el INPI argentino le otorgara una patente que protege sólo una parte del proceso de producción. Sin embargo, las patentes sobre la droga Sofosbuvir han sido rechazadas en el país. Las acciones de Gilead no son aisladas; en Brasil después de meses de litigios y la presentación de oposiciones a los pedidos de patente en el INPI, Gilead obtuvo la patente de Sofosbuvir. Eso le otorgará derechos exclusivos de fabricación y venta del medicamento, impidiendo la entrada de versiones genéricas asequibles. En Europa más de 17 organizaciones de la sociedad civil, como Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras y Just Treatment, están pidiendo el fin del monopolio de Gilead sobre Sofosbuvir y otras para tratar la Hepatitis C.

En 2015 y 2017, la Fundación GEP presentó oposiciones a pedidos de patente que Gilead intentó obtener sobre el compuesto base y la prodroga de Sofosbuvir. Ambas solicitudes de patente fueron rechazadas por el INPI por considerarse que no cumplen con los requisitos de la ley 24.481 (Ley Nacional de Patentes). Los argumentos utilizados por el INPI en su resolución coinciden con los presentados por Fundación GEP en sus presentaciones. El trabajo de oposiciones a patentes que realizamos desde Fundación GEP junto a otras organizaciones, contribuyó al registro de versiones genéricas de producción argentina y a una reducción significativa en el precio del Sofosbuvir. Así, el Ministerio de Salud de la Nación pudo pasar de pagar 5.540 dólares en su primera compra a Gilead, a 358 dólares a un productor argentino en la última licitación pública de 2018.

Gilead pretende apropiarse ilegítimamente de los derechos de patente sobre Sofosbuvir en todo el mundo, a través prácticas extorsivas y solicitudes de patentes que no cumplen con los requisitos de la ley. En Argentina, se estima que 300 mil personas viven con Hepatitis C y muchas de ellas se encuentran en fases avanzadas de la enfermedad y sin acceso a tratamiento a causa de los altos precios. En el mundo hay cerca de 71 millones de personas afectadas. Las compañías farmacéuticas avanzan. Buscan privatizar la salud, hacerla exclusiva sólo para quienes puedan pagar sus precios extorsivos. En Argentina no existe más el Ministerio de Salud de la Nación y el presupuesto en la Dirección Nacional de SIDA está siendo absorbido por la inflación y devaluación. La salud de todos nosotros está en juego.

La avanzada se da en momentos que la justicia brasileña suspendió de forma cautelar la concesión de la patente del sofosbuvir al laboratorio Gilead, manteniendo el uso del producto genérico de ese medicamento eficaz pero sumamente costoso contra la hepatitis C en el sistema público de salud. La suspensión fue pedida por la candidata ambientalista a la presidencia de Brasil Marina Silva. El juez de primera instancia Rolando Valcir Spanholo, de Brasilia, consideró que el Instituto Nacional de Propriedad Intelectual (INPI), al otorgar la semana pasada la patente a Gilead, actuó en detrimento de su "obligación constitucional de velar (...) por la soberanía nacional y el interés público".