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Farm. Néstor Caprov

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VIENDO 7/11/18
#NoaFarmacity
Caso Farmacity: se define si en el país el medicamento es un bien social o una mercancía
7/11/18, 15:36, BUENOS AIRES, noviembre 7: Se realizó la primera audiencia en la Corte Suprema de Justica, para definir el pedido de desembarco de la cadenera en Buenos Aires. Los discursos dejaron en claro la intención de unos y otros. Desde la FIP remarcaron que “en el terreno de los medicamentos los principios del comercio deben ceder ante los de la salud”. La insólita postura de un gremio a favor de la precarización laboral.
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#LuchacontraelCancer
Día Internacional del Cáncer de Pulmón: los nuevos fármacos abren un panorama alentador
16/11/18, 09:41, BUENOS AIRES, noviembre 16: Hasta hace un tiempo, este tumor era considerado el más “asesino” de todos. Pero la terapia personalizada y los nuevos oncológicos lograron abrir la esperanza para millones de pacientes. En el mundo, la enfermedad mata tres personas por minuto.
#Anticonceptivos
Los anticonceptivos de larga duración, lejos de la preferencia de las adolescentes
9/11/18, 11:46, BUENOS AIRES, noviembre 9: En el marco del XX Congreso Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil, se aseguró que las jóvenes argentinas no recurren a los llamados LARCS, por su sigla en inglés.
El largo proceso de defensa de la ley 10.606 por parte de las farmacias de la provincia de Buenos Aires inició su etapa definitoria, cuando este miércoles se realizó la primera audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que buscará definir si la cadena Farmacity puede "operar en territorio bonaerense.

Pese a que todas las instancias de la justicia provincial rechazaron la instalación de las llamadas “farma shopping”, la firma logró que el máximo tribunal reabra el expediente en el fuero federal, lo que generó una nueva instancia de discusión.

En la audiencia, se presentaron 15 “amicus curiae”, que expresaron sus posturas respecto al tema, mientras fuera de los tribunales una multitud de profesionales respaldaban el sistema sanitario y el federalismo, ya que uno de los temas que se habló fue la potestad de la Provincia de fijar sus normativas. En las exposiciones se disertó sobre rol social del medicamentos, y de cómo los farmacéuticos son los únicos capacitados para garantizar su calidad. Además, se destacó el impacto negativo que la instalación de cadena Farmacity tiene en la distribución de los mostradores, algo que atenta contra el acceso de la población.

A favor de la postura empresarial se presentaron especialistas en libre competencia, que mostraron posturas vinculadas al mercado, lejos de la cuestión sanitaria, Sorprendió la postura del gremio de empleados de farmacias, que introdujo una fuerte crítica a las sociedades en comanditas, y alegó la creación de puestos de trabajo con la expansión de las sociedades anónimas. Hubo una postura clara de quienes quieren que la farmacia siga siendo parte del sistema de atención de la salud, incluyendo la Federación Internacional Farmacéutica (FIP).

Con puntualidad inglesa, a las 10 comenzaron las exposiciones de los 15 Amicus, seleccionados de entre una lista de más de 50 propuestos. La audiencia la presidió la jueza Elena Highton de Nolasco, ya que el actual presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, se excuso de participar del expediente, por la relación que tuvo en el pasado con la firma. Lo mismo hizo Horacio Rosatti, por lo que la decisión final la tomará la vicepresidenta del cuerpo junto a los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. La discusión se centra en el pedido de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley 10.606, el 3 y el 14. el primero fija los límites de distancia entre farmacias y la densidad poblacional requerida para una nueva autorización (una farmacia cada 3 mil habitantes), y el segundo marca quiénes pueden ser propietarios de las mismas, excluyendo a las sociedades anónimas.

Las primeras exposiciones de la audiencia fueron de marcado rigor técnico, y apuntaron a leyes que rigen la economía, como las de la libre competencia. Además, se discutió la posibilidad que la ley nacional, a través de la Corte Suprema, pueda imponer normas a la provincia de Buenos Aires, lesionando el federalismo. Hernán Gullco, doctor en Derecho, criticó la ley actual, ya que consideró que “no hay prueba empírica para una prohibición absoluta” respecto de las cadenas. Por eso, consideró que las restricciones “no están debidamente justificadas”, ya que existe “una hostilidad hacia las cadenas”, por eso pidió la inconstitucionalidad de los artículos. Pero el constitucionalista dijo que el artículo 14 “no es discriminatorio”, ya que la provincia de Buenos Aires se reserva la potestad de crear normas “que garanticen el derecho a la salud”. Además, insistió con el medicamento como bien social. El abogado Lucas Grosman esgrimió sobre la libertad de los consumidores para elegir dónde adquirir sus productos, y habló de una norma que “afecta derechos”. Pero Alberto Bianchi refutó, asegurando que vender medicamentos “no es lo mismo que vender azúcar”, y remarcó que Farmacity es “un mero negocio, cuando la profesión farmacéutica es un servicio público”. En este punto, rechazó que se esté estableciendo un monopolio: “sino podrían acusar a los abogados de tener el monopolio de los estudios jurídicos”.

A partir de la ponencia del ex ministro de Salud Ginés González García, la discusión comenzó a girar en torno al sanitarismo, ya que el especialista consideró a la farmacia y a el farmacéutico “actores fundamentales en el sistema de salud”. “En momentos de mucha crisis, es necesario mucho el trabajo de los farmacéuticos, como sucede con el tema de los genéricos, que requiere de una alta profesionalización de la dispensa”, dijo González García, que aclaró que desde su punto de vista la discusión no es sobre el mercado o el comercio, sino “hasta dónde las provincias pueden decidir sus políticas sanitarias”. “Las cadenas concentran”, recordó el ex funcionario, que como embajador en Chile pudo ver de cerca el modelo de “farma shopping”. “Lo discutí mucho, las tres cadenas monopolizaron el mercado, con el 92 por ciento del consumo, lo que generó un problema serio en la accesibilidad, con barrios marginales de Santiago que no tienen farmacias, y los precios de los medicamentos, los más altos del continente, cuando las cadenas tienen una posición monopólica actúan sobre los medicamentos”, explicó.

Por su parte, la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) hizo una encendida defensa de la postura de las farmacias bonaerenses. “La gestión y toma de decisiones debe basarse en el conocimiento y la ética del farmacéutico, que no suelen estar en línea con una visión de la farmacia como una empresa o un negocio, cuya meta es la ganancia de sus propietarios o accionistas”, dijo el representante de la FIP. Con fallos de varios países, se refirió a la legalidad de fijar normas regulatorias en el sector farmacias, incluyendo la propiedad. “Los más altos estándares de calidad farmacéutica están en aquellos países regulados donde los farmacéuticos son propietarios: Australia, España, Alemania, Dinamarca, entre otros”, sostuvo. Por eso, la entidad concluyó que “”n el terreno de los medicamentos los principios del comercio deben ceder ante los de la salud. El paciente no es un consumidor”. Para varios expositores, la desregulación “no genera baja en el precio de los medicamentos”.

Una de las ponencias más sorprendentes fue que realizó el representante de la Asociación de Empleados de farmacia (ADEF), Víctor Carricarte, qué intentó poner en discusión las sociedades en comandita, una de las formas de propiedad que permite la actual ley, y defendió la situación de la Ciudad de Buenos Aires, donde según dijo “se crearon fuentes de trabajo” desde que se permitió la instalación de “farma shopping”. “Afirmamos que la ley 10.606 origina un daño a los farmacéuticos que carecen de medios para ser propietarios, ya que tienen que aceptar socios comanditarios, por lo que asumen una responsabilidad solidaria con el socio”, sostuvo el dirigente, que además agregó que existe una mayor carga impositiva y mayor responsabilidad, sin poder tomar decisiones. “El socio empleado es solidario en las pérdidas pero no participa de las ganancias”, resumió Carricarte. Al poner esta discusión en el escenario, se habló de “dignidad de los empleados”, que parece querer reemplazar este tipo de modelo con el de precarización que trae Farmacity, ya que son notables y conocidas las violaciones laborales de la empresa. Con esta línea argumental, pidió “permitir la creación de puestos de trabajo”, y sostuvo que el modelo de farmacia de Capital Federal “crea fuentes de trabajo”, porque hay “menos farmacias pero más empleados”, lo que no indica que haya “menos farmacias pymes”. Pero casi inmediatamente, el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADUCC) Osvaldo Bassano le contestó, y recordó que Farmacity en la Capital Federal se instala “mayormente en la zona centro, recoleta y Palermo. En el resto no está”. “Se intenta hacer creer que el mercado es la solución, pero es contraria a los consumidores. El ejemplo es lo que pasó con los grandes supermercados”, agregó el especialista. Para Bassano, permitir ingresar a la cadenera “es poner el mercado por sobre la salud”, y pidió que las Sociedades Anónimas “no intervengan en lo sanitario”. El medicamento no puede ser convertido al formato mercantil”, finalizó.

El resto de las posturas giraron en torno a estos ejes, y a la posibilidad que las “farma shopping” se instalen más allá de la norma provincial. La audiencia estuvo marcada por la postura a favor de la farmacia –fueron mayoría las exposiciones en ese sentido –aunque algunas condiciones externas hacen dudar del resultado final, que se conocerá luego de la segunda cumbre, donde las partes expondrán sus ideas. Es que el poder político que permitió que algo juzgado en la provincia de Buenos Aires vuelva a resurgir sigue vigente. En este punto, la única referencia a Mario Quintana, ex vice jefe de gabinete nacional y CEO de Farmacity –dice haber vendido la acciones pero no hay certezas –la hizo el representantes de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, que sin nombrarlo cuestionó el entramado que se generó detrás de la firma, y la “falta de transparencia” para saber quiñen está detrás de esta empresa, demasiado poco para el rol central que cumplió para llegar a esta instancia, que definirá el futuro de la farmacia en la Provincia y todo el país.