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Farm. Néstor Caprov

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VIENDO 14/11/18
#NoaFarmacity
Caso Farmacity: la Corte escuchó a las partes y define el futuro de la farmacia sanitaria bonaerense
14/11/18, 13:51, BUENOS AIRES, noviembre 14: Se realizó la segunda audiencia en el máximo tribunal, donde la empresa y los farmacéuticos expusieron sus posturas Fue un debate jurídico que se alejó en parte de las razones sanitarias. Se cuestionaron los datos presentados por un Amicus de la firma sobre distribución de mostradores.
#NuevosFármacos
Expertos de todo el planeta debatieron en el país sobre los nuevos fármacos contra el mieloma múltiple
5/12/18, 12:29, BUENOS AIRES, diciembre 5: Reunidos por el denominado Grupo Argentino de Mieloma Múltiple (GAMM), se centraron en los nuevos tratamientos para combatir este tipo de cáncer, que afecta al 1 por ciento de la población mundial.
#PAMI
En su ofensiva contra los laboratorios, PAMI ordena a los médicos dejar de recetar por nombre comercial
30/11/18, 12:15, BUENOS AIRES, noviembre 30: Mediante una comunicación interna, le comunicó a los profesionales que a partir de diciembre creará una alerta en el sistema de receta electrónica para que justifiquen cuando incluyan una marca.
Con la exposición de las partes y el fiscal de la provincia de buenos Aires, se realizó la segunda audiencia en la Corte Suprema de Justicia para definir si la cadena Farmacity podrá operar en la provincia de Buenos Aires. Los ministros del máximo tribunal indagaron sobre los argumentos de la empresa y el Colegio de Farmacéuticos bonaerense, que respondieron las dudas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, que deberán definir la cuestión ya que sus pares Carlos Rosenkrantz, presidente del tribunal, y Horacio Rosatti se excusaron por sus relaciones con la firma en distintos momentos de su carrera.

Como sucedió en la primera cumbre, los argumentos sobre el libre comercio intentaron desbaratar la defensa sanitaria a la ley 10.606, y declarar inconstitucional los artículos 3 y 14 de la normativa. A diferencia de lo que sucedió el miércoles pasado, la discusión estuvo basada en la potestad del estado nacional de modificar una ley provincial, es decir, la jurisdicción de la norma, y en los antecedentes en este punto. Poco se discutió respecto al rol de la farmacia en el sistema de salud, y el papel que jugaría la empresa llega a la Provincia. Hubo debate respecto al actual mapa de los mostradores, y se pusieron en duda los datos expuestos la semana pasada por un Amicus de Farmacity.

La segunda audiencia comenzó cerca de las 10, y s centró en los argumentos de las partes, que apenas pudieron exponer, ya que los jueces decidieron realizar preguntas para aclarar distintos puntos.

El inicio de la jornada estuvo a cargo de Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos de Farmacity, y el abogado Gabriel Bouzat, del estudio Bouzat, Rozenkranz y Asociados. El eje de su postura se basó en el “conflicto normativo entre Nación y Provincia”, que según sus palabras debe “ser resuelto por supremacía constitucional”, es decir, dejar de lado las restricciones no previstas en la ley nacional.

Además, presentaron a una farmacéutica que trabaja como directora Técnica en la firma para intentar justificar el manejo absoluto de los medicamentos en la farmacia de Farmacity. En este sentido, aclararon que desde el punto de vista empresarial “no vemos incompatibilidad en una Sociedad Anónima y el resto de las sociedades”.

En este punto, los abogados argumentaron que estas sociedades anónimas pueden ser propietarias de clínicas y laboratorios, y los profesionales tienen “la libertad técnica y el buen arte de la profesión, pese a ser empleados”. “En todas las farmacias hay un Director Técnico que es garante de las obligaciones sanitarias y toma las decisiones”, dijeron. Además, la profesional dijo que “tenemos la absoluta libertad de gestionar la farmacia como si fuera propia” (sic).

Los jueces, en especial Lorenzetti, remarcaron que al haber relación de dependencia, es difícil lograr un equilibrio en las decisiones. Además, el ministro quiso saber si existen reglas internas que aseguren el ejercicio libre de la profesión. “Nadie nos dice lo que tenemos que comprar, que pensar. El farmacéutico decide según la necesidad de cada farmacia”, insistió la profesional. Por su parte, Maqueda puso el dedo en la yaga, cuando se habló del mapa de las farmacias y su distribución geográfica: “Farmacity se instalaría en Claypole”, haciendo referencia el argumento de la firma que dice que su llegada a la Provincia responde “a satisfacer la demanda”. Si bien la respuesta fue que sí, la cuestión fue bastante diversa, ya que se habló del ejemplo de Córdoba, provincia donde existe desregulación. “La empresa busca los lugares de mayor demandas, Córdoba está más abastecida”, dijo Sebastián Miranda, gerente de Operaciones de la empresa. Además, rechazaron que la Sociedad Anónima sea poco transparente, ya quela firma tienen 10 personas físicas y 4 sociedades, según las normas nacionales “Farmacity siempre informó quienes son las personas físicas que controlan a la compañía. No hay falta de transparencia”, concluyeron.

Por su parte, en nombre de la provincia de Buenos Aires compadeció el fiscal del Estado Hernán Gómez, que reafirmó el apoyo bonaerense a la ley 10.606, pese a que sectores de la oposición, como el legislador del Frente Renovador Lisandro Bonelli, afirma que la gobernadora María Eugenia Vidal “está a favor de Farmacity”, por su rotundo silencio (ver nota aparte). El funcionario recordó que la provincia de Buenos Aires adhirió a la ley de desregulación, pero sólo a los principios, reservándose la regulación propia. “El modelo sanitarista creado por la ley 10.606, se mantiene hasta hoy de la misma manera, aceptando el ejercicio de facultades propias”, dijo Gómez, que ratificó que “la opción entre los dos modelos de farmacia por el modelo sanitario ha sido clara en todos los poderes del Estado en la provincia de Buenos Aires”. Allí, el juez preguntó si fue exitoso el modelo. Para el fiscal el modelo de farmacia “no ha tenido embates judiciales ni criticas y quejas sustentadas. No es perfecto el sistema, pero está pensado para que haya mayor cobertura demográfica y que las farmacias se vayan extendiendo geográficamente”. Además, el fiscal ratificó que los controles sanitarios a las sociedades anónimas “son mucho más difusos, debilitados”. Esto se dio ante la pregunta de Highton de Nolasco sobre la situación de la Ciudad de Buenos Aires, donde existen este tipos de figuras.

En la tercera exposición, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires María Isabel Reinoso y el constitucionalista Daniel Sabsay llevaron los argumentos de las farmacias de barrio. En primer lugar, pusieron en duda los datos presentados por Sebastián Lopes Perera, Amicus de la empresa, que a través de su consultora trazó un mapa de la ubicación de las farmacias, deslizando que pese a la ley actual los mostradores se ubican en zonas geográficas de buen poder adquisitivo, cercanos a los centros urbanos. Reinoso desmintió los datos, que hablaban de 4.602 farmacias en la Provincia, y que según la población que estima el INDEC da una ratio de un mostrador cada 3.700 habitantes, con saltos entre Vicente López (una cada 2.500) y José C. Paz (una cada 1 mil). “Son datos falsos, el trabajo tienen groseros errores. En la Provincia hay 4.479 de acuerdo a las habilitaciones ministeriales. El trabajo tiene valores del censo por partido, pero la ley habla de límites por localidad. Se utilizaron proyecciones por partido, porque el INDEC no da datos por localidad”, explicó Reinoso, que ofreció a la Corte un informe detallando la realidad de la distribución. “No es cierto que haya más farmacias en los lugares más pudientes, en Berazategui tenemos farmacias en todas las localidades”, agregó. En este punto, insiste que la ley “no es restrictiva sino que generó una planificación”. En este tiempo, se abrieron más de 200 farmacias, dijo Reinoso, y citó el caso de Luján, donde se cumplían los requisitos de la ley, pero había en algunos lugares “la necesidad sanitaria”, y se abrieron.

En lo jurídico, las preguntas del máximo tribunal giraron en torno al precedente que existe en la Corte respecto de la constitucionalidad del artículo 14 de la ley, que es el fallo a favor de la Diócesis de .San Martín, para la distribución de medicamentos en el marco de una campaña solidaria de Cáritas. Para Sabsay hay diferencias en ese fallo y el que pretende aprobar Farmacity, ya que el primero es “una sociedad sin fines de lucro, que no es una sociedad anónima. Por lo tanto no aplican a este caso”. Lorenzetti insistió en el tema, y Reinoso recordó que esa farmacia de Cáritas no cumple turnos, tiene horarios reducidos, y se levantó en plena crisis del 2001. Además, recordó que distribuye donaciones que recibe, incluso del exterior, y muestras médicas, algo que no pueden hacer las farmacias tradicionales. Más allá de los argumentos, la pregunta del juez dejó una sensación de preocupación en la sala: “por qué la Corte debería cambiar un fallo que genera precedente”. El cierre se volvió a insistir en la falta de independencia del farmacéutico para definir las políticas de la empresa. En este punto se volvieron a anteponer argumentos, y quedaron expuestos unos y otros. “Habrá que ver a quién creerles”, dijo Highton de Nolasco, casi en tono socarrón, dejando abierta la decisión final. A la vista quedaron las presiones, los intereses cruzados y los argumentos comerciales, que hicieron que un tema que pasó por todas las instancias bonaerenses vuelva a discutirse. También quedaron a la vista la movilización de los farmacéuticos, el apoyo de los distintos sectores sanitarios y el cuidado de los pacientes. Un fallo puede cambiar la realidad de un servicio esencial como la dispensa de medicamentos.