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VIENDO 14/3/19
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Desbaratan en el país parte de una banda internacional que traficaba medicamentosADJUNTO

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BUENOS AIRES, marzo 14: Luego de más de 20 allanamientos, cayó parte de una organización que llevaba de forma ilegal tratamientos a Estados Unidos, para su venta en el mercado negro. Se cree que los operadores locales se encargaban de lavar el dinero de las ventas.

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Goldpharma es una especia de “farmacia virtual”, que desde hace un tiempo de expande en el mundo con sus ofertas en redes sociales y páginas web. Las sospechas que la procedencia y calidad de los tratamientos que ofrece hicieron que en 2017 se iniciara una investigación en Estados Unidos, para determinar la matriz de este negocio. En medio de las pesquisas, se detectaron contactos con grupos argentinos, que eran parte de un circuito que ingresaba al país del norte analgésicos que luego eran vendidos de manera ilegal. La larga investigación comenzó a ramificarse en otros países, y esta semana tuvo su desenlace, cuando varios allanamientos operativos dieron con la banda local que era parte de la operatoria. Según informaron las autoridades se seguridad, la para argentina de la estafa se encargaba de lavar dinero de la venta de los fármacos, aunque no se descarta que se hayan introducido al mercado productos para su venta ilegal.

En total, fueron 21 los operativos conjuntos, según informaron desde el Ministerio de Seguridad nacional. La banda local que trabajaba con Goldpharma era parte de la triangulación que vendía para el mercado estadounidense medicamentos altamente adictivos, en especial analgésicos y opioides. La tarea de la para argentina era lavar el dinero de las operaciones, destacó Infobae, que además involucraba a operaciones en Rumania e Italia. Los allanamientos terminaron con 10 argentinos arrestados y tres prófugos. La investigación comenzó en julio de 2017 en Estados Unidos, a cargo de la oficina del fiscal del Distrito Este de Wisconsin y la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Cuando avanzaron en las pesquisas, dieron con datos que vinculaban a bandas de nuestro país, por lo que se dio intervención a la oficina de Procuración dedicada a investigar narcotráfico, a cargo del fiscal Diego Iglesias.

Esta banda internacional vendía de forma ilegal diferentes tipos de drogas farmacéuticas tales como oxicodona, hidrocodona, codeína, tapentadol, metilfenidato, tramadol, alprazolam, carisoprodol, zolpiden y diazepam, tranquilizantes y analgésicos controlados por el Código de ese país, que esta organización delictiva comercializaba a través de proveedores en Rumania e India. Estados Unidos vive una verdadera crisis con el abuso de estos medicamentos, que hace las autoridades analicen declarar la emergencia sanitaria. A pesar de que se desconoce el alcance de la actividad ilegal de tráfico de drogas, se sospecha que los investigados, así como otros cómplices, operaron desde al menos el año 2006 hasta aproximadamente el mes de marzo de 2018 y que movieron "millones de pesos" a través de dos financieras, apuntaron investigadores del caso a al mismo portal.

Los registros de correo electrónico revelaron que durante un período de un año, Goldpharma tuvo ingresos brutos de aproximadamente 6,7 millones de dólares, producto de la venta de sustancias controladas y fármacos a clientes en Estados Unidos. Los dos principales jefes de la banda fueron capturados en Argentina, en tanto otros tres involucrados permanecen prófugos. Los dos detenidos serán juzgados no en Argentina, sino por el Grand Jury del Distrito Federal de Wisconsin por 12 cargos de importación de estupefacientes y conspiración. Ambos son de nacionalidad argentina: sus identidades son mantenidas en reserva por los investigadores.

La actividad investigativa en nuestro país dejó al descubierto a un segundo grupo delictivo que operaba con dos cuevas del microcentro porteño y que distribuía el dinero ilícito en proyectos de construcción de inmuebles mediante el pago de cuotas de los fideicomisos inmobiliarios, adquisición de diferentes criptomonedas como bitcoins y facilitar los medios necesarios para que los miembros de la organización dedicada al tráfico ilícito de calmantes efectúen retiros de dinero en efectivo en la Argentina. Así, se pidió la detención de los dos responsables de este esquema financiero y la indagatoria de otras cinco personas más, con una redada de 21 allanamientos entre Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. La PROCELAC y la UIF también fueron parte del expediente. Fueron secuestrados más de dos millones de pesos y 237 mil dólares, teléfonos celulares, tablets, computadoras, así como varios vehículos de alta gama de marcas como Mercedes Benz y BMW, encontrados en el country Haras del Sol de Pilar.

Para dar detalles de las tareas, bautizadas “operación Goldpharma”, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli y el secretario de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, brindaron a las 12 una conferencia de prensa en la sala de prensa situada en Los Hornos 238. “El operativo se fue trabajando hace más de un año entre la DEA, la Policía de la Ciudad y la UIF, junto al equipo del fiscal iglesias. fue un trabajo combinado que arrojó un operativo que permitió desbaratar esta banda que mataba y delinquía en distintos lugares del mundo”, dijo Santillo.

En Estados Unidos, los opioides y otros analgésicos están causando una verdadera crisis sanitaria. Según cifras el National Institute on Drug Abuse, se trata de una pandemia que superó a la adicción a la metanfetamina cristal, y genera unas 90 muertes por día. Organizaciones estiman que en ese país la carga económica total derivada del abuso de opioides recetados solamente es de 78.500 millones de dólares anuales, incluyendo costos de atención médica, la pérdida de productividad, el tratamiento de la adicción y los costos de intervención de la Justicia penal. En tanto, en el país del norte se confirmó que el gobierno buscará la extradición de los cinco argentinos, entre ellos tres capturados en Buenos Aires. La acusación contra los implicados sería conspiración, distribución e importación, lo que acarrea, cada uno, una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de un millón de dólares. Los cargos, que fueron presentados mediante una "acusación de reemplazo", incluye también un alegato de decomiso que identifica 28 propiedades inmobiliarias residenciales localizadas en Florida.