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Justicia a la europea. Una razón de peso para sostener nuestra Ley de farmacias.

#Editorial

Por ahí pasó un tanto desapercibido, pero hace unos 20 días, mientras nuestro país se metía de lleno en la vorágine electoral, en Europa una noticia acaparaba la atención del sector farmacéutico. Luego de varios meses de espera, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, falló a favor del modelo de farmacia de España, esto es, a favor de un modelo sanitarista en manos de los farmacéuticos. El informe final asegura que “los medicamentos no son mercancías, por lo tanto no deben ser vendidos en un establecimiento que no esté liderado por un farmacéutico”.

La disputa legal comenzó hace un tiempo, cuando los dos modelos de farmacia se enfrentaron en el tribunal para unificar un criterio para Europa. Desde un sector, encabezado por los españoles (por eso el modelo se lo conoce como “mediterráneo”), trabajaron por un sistema sanitario que sostenga la propiedad a los farmacéuticos, y prohíba la llegada de Sociedades Anónimas y de cadenas a su territorio. Del otro lado, grupos ligados al modelo anglosajón pidiendo “la liberalización del sector”, argumentando que su prohibición viola una serie de artículos de la constitución de la Unión Europea, en especial aquellos que hablan de la “libre circulación de capitales”.

La disputa tuvo a mediados de mayo una sentencia definitiva, y cobra vital importancia en tiempos donde en nuestro país se habla de derogar o modificar la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires, ley que mantiene la regulación sanitaria para la instalación de una farmacia en territorio bonaerense.

“La restricción a la libertad de establecimiento está justificada por el objetivo de garantizar un abastecimiento de medicamentos a la población; seguro y de calidad”, afirma la sentencia (diario El País de España, 19 de mayo de 2009). Esto es un fuerte espaldarazo para esta forma de entender la profesión, tan similar a la que se vive en la provincia de Buenos Aires.

“Cuando subsisten dudas sobre la existencia o el alcance de riesgos para la salud de las personas, el Estado miembro puede adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad de tales riesgos”, expresa el fallo. Además, la sentencia indica que “no sólo es justificable la exclusión de quienes no sean farmacéuticos de la explotación de una farmacia privada, sino también la prohibición de que las empresas de distribución de productos farmacéuticos adquieran participaciones en las farmacias municipales” (diario El Mundo de España, 19 de mayo de 2009).

El tribunal de Luxemburgo confirmó la legalidad de modelos de farmacia como el español, y rechazó los argumentos de la Comisión Europea a favor de la liberalización de las farmacias. Esto fue festejado por los farmacéuticos españoles, que trabajaron tanto para defender su sistema: “con un modelo de farmacia liberalizado, cientos de pequeñas localidades se quedarían sin establecimiento de farmacia y se obligaría a sus habitantes a viajar a otras zonas para poder adquirir sus medicamentos”. Hoy por fin se ha sentado jurisprudencia y, aunque el debate se pueda reabrir en un futuro por la presión de algunos lobbys, se le ha dado el espaldarazo necesario a un sistema tan eficiente como el nuestro, dijo el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Pedro Capilla (agencia Europa Press, 19 de mayo de 2009).

Cabe recordar que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) es una Institución de la Unión Europea que cumple la función de órgano de control del derecho comunitario europeo, y que se caracteriza por su naturaleza judicial y supranacional. Las sentencias del TJCE y del TPI “tienen carácter vinculante en los Estados miembros”, es decir, deben ser acatadas por los países y sus gobiernos. Por definición, el TJCE es el garante de un ordenamiento jurídico propio que se ve asistido y aplicado también por los sistemas jurídicos nacionales. El Tribunal acepta recursos de particulares y de Estados. En el caso de las farmacias, la demanda fue iniciada por un grupo llamado PLAFARMA, una asociación dedicada a la liberalización del modelo europeo acusada de responder a los intereses corporativos de grandes grupos de poder financiero (para conocer más sobre ellos se puede ingresar a www.plafarma.org).

Todo esto demuestra el peso de la resolución europea, la importancia que tiene en el viejo continente del modelo de farmacias que, paradójicamente, se intenta destruir en la provincia de Buenos Aires. Es un antecedente más que importante que en Europa se privilegie lo sanitario por sobre lo económico, para preservar el derecho a la salud, a valorizar un sistema sanitario por sobre los intereses económicos de las grandes corporaciones.

En tiempos donde se habla de un fuerte y definitivo intento para destruir la red de atención de las farmacias, demoliendo las bases históricas del sanitarismo bonaerense (ver “La suma de todos los miedos: El arribo de la S.A. farmacéuticas en la provincia de Buenos Aires), no está mal ver y releer la resolución del Tribunal europeo. Para ver que en materia de salud pública, no siempre “billetera mata galán”, y el sentido común pone, por fin, los caballos adelante del carro.

Néstor Caprov
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