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a pelea por la aplicación de la ley nacional de medicamentos y el proyecto para limitar la publicidad de productos OTC puso a la ciudad de Buenos Aires en el centro de la escena farmacéutica. El trabajo de los profesionales por lograr derribar el lobby de los laboratorios y los kiosqueros viene generando actividades de peso, como la protesta realizada la semana pasada en la legislatura. La pelea dejó en claro algunas cosas, en especial en lo relacionado con la política sanitaria del gobierno de Mauricio Macri. Es que no sólo mostró un alarmante desinterés por los daños que la venta de fármacos fuera de farmacias genera, sino que hasta tuvo una actitud “cómplice” con esta industria, a través de un legislador que quiere por ley destruir una norma nacional votada por unanimidad. El proyecto de Helio Rebot no sólo demuestra cómo el macrismo es socio de las farmacéuticas, sino que está a su disposición.
La política sanitaria del gobierno porteño fue varias veces cuestionada. En 2007, apenas asumido, Macri quiso dejar a fuera de la atención de los hospitales a quienes no fueran porteños, lo que le valió una fuerte crítica y hasta una denuncia por discriminación. En materia de salud, el aumento de la mortalidad infantil y varios conflictos gremiales marcaron el clima de una cuestionada estrategia. Pero en el tema medicamentos, parece haber cruzado un límite. Es que no sólo aplica una mirada liberal del tema, con el proyecto de Rebot mostró que trabaja en conjunto con los intereses de los laboratorios, en especial los productores de medicamentos de venta libre.
La mentada relación de Juan Tonelli, principal lobbista de la Cámara de Laboratorios Productores de Medicamentos de Venta Libre (Capemvel), con la diputada nacional Gabriela Michetti es un claro indicio de esta relación. Ya en 2008, por presiones de la industria, el propio Macri vetó una ley aprobada por todos los bloques –incluyendo el PRO –para incentivar la producción pública de medicamentos esenciales, otra muestra de cómo el gobierno porteño se mueve en sintonía con estos laboratorios. Ejemplo de cómo esto impacta en la salud sobran. Como ejemplo, los datos de mortalidad infantil: un trabajo elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos del gobierno porteño afirma que la mortalidad infantil creció de 7,3 en 2008, a 8,3 el año pasado. Además de estos datos, el trabajo alerta sobre la diferencia de crecimiento de esta tasa según la zona de Capital federal que se mida, siendo el sur de la ciudad la más comprometida. Así, en la zona comprendida por Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda el incremento fue de tres puntos por mil.
Con la presentación del proyecto de Rebot se cierra este círculo de intereses mutuos. Los fundamentos del legislador –un reconocido abogado constitucionalista, un dato que llama la atención –son demasiados parecidos a los que esgrimen los defensores de la Unión de Kiosqueros de la república Argentina (UKRA) o la misma Capemvel. “El proyecto tiene como objeto facilitarle al vecino de la ciudad el acceso a los medicamentos que no requieren receta médica, especialmente en días y horarios en los que para comprar una aspirina es necesario buscar una farmacia de turno”, dijo en una entrevista el legislador. Sobre cómo encaja esta idea con el proyecto, Rebot encuentra la siguiente lógica: “la Ciudad de Buenos Aires se diferenciaría de la legislación la nacional que dispone que todos los medicamentos, aun los de venta libre, deben despacharse en farmacias. La Constitución de la ciudad resalta claramente su autonomía en materias tales como las que ocupa el presente proyecto, es decir la regulación de la comercialización de medicamentos y el ejercicio de las profesiones afines”.
La gravedad del hecho está llevando a que algunos legisladores y dirigentes de distinto ámbito se pregunten si Macri no está cruzando un límite peligroso. Cuando un gobierno responde casi corporativamente para ajustarse a los requerimientos de un sector, deja en manos de privados lo que debe ser estatal. La sintonía de los intereses hace que alguien como Rebot, un abogado surgido en el PJ porteño especializado en Derecho Constitucional, en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), termine presentando un proyecto que no sólo golpea a la salud, sino que es violador de una ley nacional, insólita decisión de alguien que se dice experto en normativas constitucionales.
"desde el mismo momento en que un legislador anuncia que quiere regular algo, se ponen en marcha todos los grupos de presión de ese sector", como asegura Alfonso López, director de Reti España, una empresa de lobby con origen en Italia. Su página web no deja lugar a dudas de su entorno de trabajo; Tiene una a una las fotos del Congreso Diputado por Diputado.
La acción de los grupos de influencia es paralela a la tramitación de las leyes que les afectan. Su objetivo es que no les perjudiquen y, si es posible, que les beneficien. Primero, asegurarse de que el poder está informado hasta el último detalle de la posición de su cliente, y la comprende. Segundo, llevar el asunto a su terreno. Un ejemplo bien concreto de la influencia de los lobbies, varias fuentes coinciden en citar como "paradigmático" el caso de la nueva Ley del Medicamento de España que se aprobó en 2006. En aquella ley se regularon por vez primera los genéricos, y la industria farmacéutica hizo una potente campaña en la prensa, y en el Congreso, para que todo el mundo supiera que sus ingresos iban a sufrir injustamente.
Saber que este mecanismo esta en la misma matriz de los negocios y la gestión política no esta mal. Saber que los intereses que siempre se afectan son poderosos, es una cuestión casi inmediata de este reconocimiento. Pretender que El Estado regule y contrapese estas influencias a favor del “Bien Común” de la gente, en este caso la salud de la población; es la razón de ser de nuestra columna.
Esta no debe ser una pelea sólo porteña. Qué mensaje envía el macrismo a todo el país cuando decide cuál ley cumplir y cuál adaptar. El jefe de gobierno, que dice querer ser presidente, instruye a un hombre de su confianza para que ayude a los laboratorios a vender medicamentos indiscriminadamente. Una relación demasiado peligrosa y obvia que amenaza la salud de miles de vecinos, y de paso, ofende por lo burda.
Néstor Caprov
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