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uego de varios años de dilaciones y un par de semanas de negociaciones, la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley por 190 votos a cero y 29 abstenciones el proyecto que regula la actividad de las empresas de medicina prepaga. La iniciativa establece entre otras cuestiones límites a los aumentos de las cuotas para afiliados mayores, tras aceptar los cambios realizados en el Senado a la norma. La iniciativa, motorizada por entidades de defensa de los consumidores, sienta un fuerte precedente en materia de atención sanitaria, y fue rechazado por las firmas del sector, que utilizaron su poder de lobby para tratar de suavizar la normativa. Satisfacción entre quienes apoyaron la ley.
El proyecto contó con el respaldo en el recinto del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, GEN, el Peronismo Federal y Proyecto Sur, en tanto que el PRO y la Coalición Cívica se abstuvieron. Hasta último momento, la sesión estuvo en duda, pese al fuerte apoyo político que generó la normativa. Una demostración del poder del lobby de las empresas del sector.
Entre sus puntos centrales, el proyecto establece que, a partir de cierta cantidad de años de aportes, las prepagas no podrán aumentar las cuotas para esos afiliados mayores, por entender que los aportes que hicieron de jóvenes saldan ampliamente la brecha. Tampoco, y con la sanción de esta norma, habrá plazos extensos irrazonables de carencia, a diferencia de lo que ocurre actualmente en cuanto a que las prepagas exigen determinada cantidad de pagos para que el afiliado pueda hacer uso efectivo del servicio.
De esta manera, y tras varios años de debate parlamentario, la Cámara de Diputados aceptó las modificaciones realizadas el año pasado por el Senado sobre la sanción original votada en 2008 por la cámara baja, en base a un proyecto impulsado por la ex diputada del oficialismo Patricia Vaca Narvaja. Se trata de un proyecto marco que el Congreso intentó debatir desde hace varios años para buscar regular la actividad de las empresas privadas que prestan servicios médicos a más de 4 millones de personas en el país.
El punto más cuestionado por algunas empresas de medicina prepaga es el artículo 10 que establece que las "enfermedades preexistentes pueden establecerse por declaración jurada y otros medios complementarios a cargo de la entidad de medicina prepaga, y podrán ser tenidas en cuenta a efectos de admitir nuevos usuarios".
Al defender el texto en el recinto y abrir el debate, el titular de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Antonio Morante, consideró "oportuno y más que necesaria" la sanción de la ley que regula la medicina prepaga. En ese mismo sentido, se pronunció al cierre del debate, el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, aseguró que se trata de "una buena ley" y recordó fue elaborada "en base a las denuncias históricas y permanentes que realizaron usuarios y consumidores del sistema".
"Esta ley genera un marco regulatorio que no tenía una actividad que, además de ser una actividad con fines de lucro, tutela un bien social básico que no tenía regulación. Ese es un motivo más que importante para celebrar esta sesión", afirmó el legislador, en el marco del plenario.
Desde el radicalismo, Agustín Portela, vicepresidente de la comisión de Salud de la cámara baja, consideró que el tema "tiene una implicancia social muy fuerte" aunque cuestionó algunos puntos, al sostener que "no fue armada con el sentido de establecer una regulación que garantice el equilibrio de funcionamiento del sistema de prepagas".
Si bien anticipó que la UCR votaría a favor del texto aprobado por el Senado, Ricardo Gil Lavedra, cuestionó la norma y dijo que esa bancada "espera que se encare el debate en serio", al considerar que "el tema no está en la protección de quiénes más tienen sino que la salud pública pueda llegar a todos en condiciones de igualdad".
Alegría contenida
La aprobación de la norma generó entusiasmo en varios sectores, que fue elaborado por la actual embajadora en México. En este sentido, apropia Vaca Narvaja remarcó que la iniciativa fue producto de una "construcción colectiva", fruto de un amplio consenso de todos los bloques políticos. Además, sostuvo que "existe una gran concentración en la oferta de estos servicios, por lo que ciertas empresas operan como formadoras de precios. Es por ello que la ley está en consonancia con la pretensión filosófica de entender a la salud como un bien común y no un bien comercial librado a la mano invisible del mercado".
En el marco de la discusión en el recinto de la Cámara de Diputados, Vaca Narvaja manifestó: "Para las empresas de medicina prepaga, la salud es una mercancía, para los usuarios es un derecho, para el Estado, una obligación regularla". En relación con el proyecto, dijo: "Esta regulación establece coberturas mínimas en las prestaciones, a fin de preservar la integralidad de la atención médica y asegurar que los usuarios sepan, al momento de contratar, cuál será el alcance de la cobertura".
Además, aclaró que la ley prevé un ámbito de participación de los actores involucrados en los servicios de medicina prepaga, donde se garantiza la representación de prestadores, empresas y usuarios. Para finalizar expresó que "las empresas deberán cumplir con contratos transparentes y no abusivos y terminar con la prestación de la salud a través de contratos de adhesión, imposibles de modificar por parte del usuario".
Además, entidades vinculadas con la salud mostraron su beneplácito. Los prestadores de CADIME salieron a apoyar esta noche los cambios a la norma que regula la actividad de las empresas de medicina prepaga y consideraron un "gran avance" la determinación por ley del concepto de "aranceles mínimos y obligatorios". "Luego de años de espera y azarosas tramitaciones, el Congreso de la Nación sancionó la ley de regulación de la Medicina Prepaga, por lo que CADIME. manifiesta públicamente su beneplácito", indicó el titular de esa entidad, Guillermo Gómez Galizia.
Recordó que los objetivos fundamentales que persigue la ley fueron "largamente reclamados por nuestra entidad, dado que el sistema excluía todo tipo de regulación dejando a los sectores intervinientes expuestos al libre juego de la oferta y la demanda, pese a ser la salud un bien público". "Esta situación determinó que grandes actores de la medicina prepaga acrecentaran su poder de concentración financiera y prestacional", señaló Gómez Galizia.
Advirtió que "las consecuencias de este proceso fueron, entre otras, expulsión de la actividad de cientos de prestadores pequeños y medianos, y de los que aún se mantienen en pie pero vacilantes: desfinanciados, sin rentabilidad, con capacidad ociosa y con ingresos insuficientes". CADIME es referente de las empresas prestadoras de diagnóstico y tratamiento médico de todo el país, integrado por más de 10.000 pymes en las especialidades de Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes, Radioterapia, Consultorios Médicos, Oftalmología, Odontología, Kinesiología, Diálisis y demás practicas ambulatorias.
Por último, desde ADDUC -entidad defensora de los derechos de los consumidores -recordaron que “hace varios años que se esta discutiendo una norma que es de vital importancia no solo económica y social, sino para la salud y la vida de las personas. Es decir que en décadas la salud y la vida de las personas ha quedado en manos de inescrupulosos economistas y estudiosos del sistema de la ’ecuación financiera’ y no en manos de médicos y sanitaristas”.
Su presidente Osvaldo Bassano dijo que “lo mas vergonzoso es que en el ultimo año muchas personas que se adhirieron al sistema debieron terminar sus días abandonados y sin atención que significo la propia vida”.
Para muchos sectores, como el farmacéutico, este es un paso hacia adelante, y recuerda que en materia de prepagas queda discutir las enormes bonificaciones que imponen a las farmacias independientes, y la falta de control de cómo se impone estos porcentajes, que casi deja en varias ocasiones sin descuentos a los afiliados.
