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eñora presidenta: el sistema de salud argentino está en crisis en todos sus segmentos y subsistemas.
Hoy vamos a analizar sólo un aspecto, en el que es imprescindible establecer una regulación, a fin de brindar tutela a los afiliados que reciben prestaciones por mandato del artículo 42 de la Constitución, que claramente dice que debemos proveer suficientemente a la protección del derecho a la salud y a la vida.
También creemos que deberíamos discutir integralmente el sistema de salud. Indefectiblemente, este año debería aprobarse una ley marco del sistema de salud, una ley de financiamiento de la salud –como la de financiamiento de la educación, que establezca pisos mínimos de financiamiento- y una ley de gratuidad de los servicios públicos de salud.
Deberíamos contar con políticas activas en el tema de medicamentos y en el conjunto de sistemas que permitan volver a las ideas de Carrillo y Oñativia, que en las décadas del 40 y del 60 permitieron que la Argentina tuviera un sistema sanitario modelo para Latinoamérica y el mundo.
Hoy el sistema está concentrado fundamentalmente en atender las enfermedades una vez que aparecieron, cuando deberíamos tener un sistema que, a través de efectores públicos en cada barrio, con médicos de cabecera, y un trabajo interdisciplinario con desarrollo social, generase condiciones de vida más salubre y de mejor calidad para los argentinos. También deberíamos discutir el sistema de obras sociales, para hacerlo más transparente y controlado, por razones que se han conocido públicamente
Ahora venimos a considerar el sistema de medicina prepaga, que es una parte del subsistema privado. Desde hace muchísimos años se está intentando regular, sin que pudiéramos llegar a tener una legislación consensuada.
Esto no es nuevo ya que en los años 80 y 90 también hubo intentos. Algunos están queriendo generar confusión en la población y plantean que este debate resulta de un pedido de Moyano. Cuando esto se empezó a considerar, Moyano no estaba en la conducción de la CGT, que ni siquiera integraba, porque estaba en el MTA.
Por lo tanto, creemos que es necesario mejorar el subsistema de obras sociales, pero no debemos confundir a la ciudadanía sobre lo que estamos discutiendo: un marco regulatorio mínimo y razonable para la prestación de servicios de salud. Se trata de un tema sensible, en el que la Cámara de Diputados y el Senado han trabajado durante por lo menos cuatro años, tratando de llegar a un consenso.
De esta Cámara surgió por unanimidad una propuesta que el Senado modificó también por unanimidad.
Creo que es inteligente que procedamos de esa manera, sobre todo en un año electoral, porque estamos hablando de una necesidad de la población sobre un servicio que es básico. En este sentido, creo que no podemos generar agenda electoral y dividirnos en un tema en el que debemos estar juntos. Por eso, reitero que fue inteligente trabajar sobre el consenso.
Pero el consenso implica que todos resignemos una parte de lo que pensamos. De lo contrario estaríamos sosteniendo que el consenso significa que todos aprueben lo que nosotros decimos. En esos términos es imposible generar un acuerdo.
Por lo tanto, nosotros tuvimos que resignar algunas ideas, como las que figuraban en el proyecto de ley del ex diputado Gorbacz –aquí presente-, que no fueron incluidas en la iniciativa sancionada por el Honorable Senado, como por ejemplo lo concerniente a una mayor participación de las asociaciones de usuarios y consumidores o que haya menos discrecionalidad para la reglamentación y para la autoridad de aplicación.
A pesar de ello, hemos prestado aquiescencia porque nos parece central contar con un marco regulatorio; luego veremos la forma de perfeccionarlo.
Lo cierto es que al proyecto se le introdujeron modificaciones en el Senado que fueron votadas por unanimidad. Nuestro interbloque no tiene representantes en esa Cámara, pero otras fuerzas, que sí los tienen, llegaron a ese acuerdo. Personalmente me llama la atención que diputados que pertenecen a alguna de las fuerzas que arribaron a ese acuerdo –recordemos que durante el debate en el Senado no se escuchó ni una sola voz disonante‑ lo descalifiquen hablando de acuerdos de protección de la corrupción. Creo que esto degrada el debate.
Nosotros no estamos de acuerdo con las reformas que introdujo el Senado, en el que –repito‑ no tenemos ningún representante, porque creemos que excluye de la regulación a algunas prestadoras de seguros de salud y de prepagas que tendrían que estar alcanzadas por dicha regulación. De todos modos, no descalificamos el acuerdo.
Esa situación nos coloca frente a una disyuntiva. Este bloque está más de acuerdo con el texto sancionado por esta Cámara que con el que sancionó el Senado. Pero también entendemos que votar por la insistencia implicaría dividirnos en una votación que en su momento fue unánime. Entonces, como parte del consenso implica aceptar lo que no nos gusta, decidimos fortalecer una norma que tiene que nacer con fuerza.
Después de haber votado por unanimidad, tanto en Diputados como en el Senado, en las últimas tres semanas hemos escuchado comentarios en el sentido de que ésta es una ley controvertida. Lo cierto es que no hubo ningún tipo de controversia en Diputados ni en Senadores. También escuchamos a todos los que tenían algún tipo de interés en el tema, ya sea económico o de resguardo de los intereses de los afiliados. A pesar de ello la norma es calificada de controvertida, seguramente porque algunas empresas no aceptan la regulación.
Para nosotros es un tema ético prestar consenso para fortalecer el proyecto, para que quede en claro que la ley nace con fuerza.
Es probable –ya lo han anticipado‑ que algunos intenten recurrir a la Justicia. Al respecto, deseo hacer algunos comentarios. El texto del artículo 10, que es el más atacado desde las empresas, fue tomado de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2008, en una causa que inició una asociación de usuarios contra la empresa Euromédica. En una votación unánime la Corte plantea lo siguiente: “Dichas empresas deben cubrir como mínimo determinadas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales y que veda la posibilidad de incluir en los reglamentos períodos de carencia o exclusiones de enfermedades preexistentes. Es clarísimo lo que la Corte planteó en 2008. En base a ese fallo, se ha establecido el artículo 10.
Hay empresas que plantean que si se aplica tal cual está dicho artículo, van a la quiebra. En primer lugar, cabe esta reflexión: si un sistema sanitario que tiene que atender enfermos quiebra, es imprescindible discutir las bases y fundamentos de ese sistema. Es inadmisible que se genere un sistema sanitario basado en la atención de sanos y jóvenes, que justamente son los que menos necesitan protección de la salud.
También hay que recordar antecedentes de estas discusiones y de estos fantasmas que pretenden generarse alrededor de este tema.
En los años 90 se les reclamaba a las AFJP que bajaran a la mitad el monto del 30 por ciento que cobraban por recibir créditos a largo plazo. Este reclamo tenía que ver con el hecho de que se consideraba un porcentaje excesivo que iba en contra de los afiliados. La respuesta de las empresas era que si bajaban el monto de las comisiones el sistema no se podía sostener e iba a la quiebra.
Cuando se anunció que se iba a trabajar en torno a un proyecto de estatización de esos fondos, las empresas se reunieron y propusieron bajar las comisiones a la mitad. Es decir que a pesar de haber sostenido que el sistema se iba a la quiebra si se bajaba el porcentaje del 30 por ciento, sugirieron ellas mismas que las comisiones fuesen del 15. Es decir que el sistema era rentable aun con la mitad de la comisión que cobraban.
Siempre sostendrán que van a ir a la quiebra si se las regula. Tenemos la obligación de velar por un derecho elemental que tienen los ciudadanos, pero además se genera confusión conceptual alrededor de algunos temas de carácter sanitario.
No hay enfermedades preexistentes; las enfermedades preexistentes no constituyen ninguna categoría sanitaria. No existen las enfermedades preexistentes. Nadie se enferma porque existan enfermedades preexistentes. La enfermedad preexistente es una categoría administrativa que crearon las empresas, en muchos casos con la finalidad de eludir la obligación de una prestación. No podemos dejar de tenerlo en cuenta.
Acá lo que se está haciendo es regular muy elementalmente un sistema donde la relación es intrínsecamente desigual y asimétrica entre un afiliado y una corporación con poderío económico, financiero y jurídico.
Establecemos que debe existir un registro para saber cuáles son esas empresas y qué solvencia tienen; deben tener contratos transparentes para saber qué prestaciones brindan a cambio de la cuota que cobran. En el momento de la afiliación el socio debe saber perfectamente qué prestaciones va a recibir por el pago de esa cuota. Pretendemos que existan cuotas razonables, fundadas en la estructura de costos y no determinadas por la ley de la oferta y la demanda; que haya prohibición de discriminar a los que están enfermos y a los que son viejos. Son cuestiones elementalísimas que deben estar en la ley de regulación. Forman parte de un marco regulatorio y son irreprochables. Por eso creemos que será una buena ley, que es perfectible, porque hay cosas que no nos gustan. Podríamos discutir regímenes especiales para tutelar a otros afiliados. Lo que no pueden hacer las empresas es pretender que el Estado absorba los riesgos dentro de un sistema actuarial que es de riesgos y beneficios: el beneficio es el cobro de la cuota, y con la compensación entre los que pagan y no lo usan se solventa a los que lo necesitan y lo usan. Es un sistema que tiene el beneficio del cobro de la cuota y el riesgo de que la gente se enferme. Si pretenden que el Estado se haga cargo de los riesgos, lo que están haciendo es trasladar la parte menos beneficiosa del sistema de manera de garantizar que es solamente un sistema de obtención de fondos y no uno de ida y vuelta en el que deben dar prestaciones.
Es como si en un casino el dueño pidiera que el Estado se haga cargo de quienes aciertan los plenos o de los que tienen mucha suerte. O como si en una empresa aseguradora pidieran que el Estado se haga cargo de los choques con destrucción total o de los incendios que devastan una vivienda. Es parte de los riesgos que esas empresas tienen que asumir y afrontar, que son altamente compensados por los beneficios de la cuota. Pero eso también tiene apoyo jurídico. Veamos lo que dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Lorenzetti: “La empresa percibe una masa de dinero aportada por un grupo, y sólo una parte de ellos gasta, de modo que si se mantiene este equilibrio, puede pagarle a los enfermos, soportar sus gastos, y obtener una ganancia.” Y continúa diciendo más adelante: “El riesgo de la empresa reside en hacer bien o mal este cálculo, en administrar mejor o peor, en el modo de selección de su cartera, en la diversificación de los riesgos. La empresa puede disminuir esos riesgos o aumentarlos, según sea más o menos seria, más o menos eficiente; lo que no puede hacer es trasladarlos.”
Esto es lo que estamos planteando y lo que venimos a apoyar, porque entendemos que el proyecto está a favor de los afiliados, a quienes se pretende asustar diciéndoles que la cuota va a aumentar considerablemente si tienen que atender enfermos. Nosotros entendemos que tendrán que hacer trabajar más a sus ejecutivos para encontrar la manera de reducir gastos que en muchos casos son superfluos y destinados más a la publicidad, a la propaganda y a la obtención de un carnet de pertenencia que a la atención de la salud.
Por estas razones, venimos a apoyar este proyecto. (Aplausos.)
