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a Justicia puso las cosas en su lugar. Y puso a la Ciudad de Buenos Aires de nuevo en el mapa de los medicamentos seguros que tiene el país. esta semana, un fallo judicial sin precedentes rechazó la presentación realizada por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) para dejar sin efecto la aplicación de la ley 26.567 en la Capital Federal. El mismo considera que la ciudad debe implementar la norma que prohíbe la venta de medicamentos fuera de farmacias, y rechaza los argumentos autonomistas que los kioscos –con la complicidad de la gestión gubernamental porteña del Sr. Macri –utilizaron en su amparo. De esta manera, la profesión farmacéutica se lleva un triunfo merecido y más que justo, que abre la puerta a una normalización definitiva del sector.
El fallo, firmado por el juez Guillermo Martín Scheibler del juzgado en lo Contencioso Administrativo N°13, no deja lugar a dudas: la ley 26.567 debe ser aplicada. Así, la justicia no hizo lugar al amparo de una kiosquera que junto a la UKRA querían llevar a Capital federal a la década del 90, y regirse por el antiguo decreto 2284-PEN-91 que liberalizó el mercado. para la justicia “el Estado federal es el único titular, al que le corresponde el dictado de las pautas básicas de política general en todo el territorio”, incluyendo la flamante ley de medicamentos.
En una extensa resolución, se hizo lugar a los argumentos esgrimidos por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal (COFBCF), que se pusieron a la cabeza de la defensa de la farmacia y la salud de los porteños. En este sentido, del fallo –al que tuvo acceso MIRADA PROFESIONAL –se desprenden dos cuestiones: una, que la autonomía de la Ciudad no la desliga del dictado de las leyes nacionales; y que al ser el Congreso Nacional el que dictó la norma, debe ser aplicada en el ámbito local.
Además, según expresa el fallo, “la propia Ciudad de Buenos Aires ha reconocido la competencia nacional para la regulación del expendio en kioscos de medicamentos de venta libre, con lo cual, en la práctica, está fijando su propia política de salud al respecto”. Por lo tanto, deben respetar la ley vigente, que entre otros temas fue aprobada por unanimidad.
Este parece un dato menor, pero no lo es. Todos os bloques políticos dieron su respaldo a la norma (incluido el bloque PRO, que gobierna la ciudad de Buenos Aires), por lo que su no adhesión parece contradictoria. Así lo expresa el juez: “(La ley) fue aprobada por la Cámara de Diputados por 176 votos afirmativos contra 2 negativos. En el Senado, la votación fue unánime por parte de los 50 senadores presentes en el recinto. De la lectura de la versión taquigráfica de ambos debates se desprende claramente dos aspectos relevantes: en primer lugar la intención de los legisladores nacionales de otorgar a la norma aprobada validez en todo el territorio de la Nación y en segundo término, el amplísimo consenso de que fue objeto su tratamiento en el Parlamento, donde tampoco se registraron observaciones por parte de los representantes de las provincias o la Ciudad”.
Esto se suma a la ausencia de ley regulatoria en la ciudad, por lo que el propio fallo le dice al gobierno porteño que debe adherirse. El juez reconoce esto cuando anuncia que “el 10 de mayo de 2010 se celebró una audiencia donde el representante del GCBA manifestó no tener conocimiento de la existencia de algún proyecto de la Legislatura referido al tema debatido”.
Mirado en detalle, el fallo le “recomienda” a la ciudad adherir a la ley nacional, ya que por muchos años la Ciudad se rigió por un decreto (el de desregulación) y que no existe ley en la legislatura para aplicar en el plano local. Una suerte de recomendación irónica que advierte como los kiosqueros apelan a un decreto, al cual respetan desde hace años, pero no quieren enmarcarse en una ley nacional con consenso pleno.
Otro punto destacado es el poder de policía que la justicia le da al poder de policía que con la nueva ley debe ejercer el ministerio de Salud de la Nación. “Trátase, en definitiva, del poder de policía del Estado que [...] se justifica por la necesidad de la defensa y afianzamiento de la moral, la salud y la convivencia colectiva o el interés económico de la comunidad”, afirma.
En definitiva, es un gran paso para la COFA, el Colegio profesional porteño y todos los farmacéuticos del país. Si bien el fallo es apelable, por el momento está firme, lo que quiere decir que hoy los medicamentos deben estar en las farmacias exclusivamente. En el futuro, según consultas realizadas por este medios a varios expertos, si la legislatura aprueba una ley facultando a los kioscos a vender fármacos, allí se abriría un importante conflicto legislativo, pero hasta ese momento, la ley está firme.
Por último, que la justicia haya impuesto que el valor de las costas de las actuaciones “serán impuestas a la actora derrotada, por cuanto no existen elementos de mérito para apartarse del principio general que rige en la materia”, es otro detalle importante que habla de la firmeza de los argumentos de las farmacias, y del convencimiento del juez para fallar a favor.
Farm. Néstor Caprov
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