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Productores de medicamentos del país se expresaron en contra de la llamada Ley de Envases

#Regulaciones

BUENOS AIRES, noviembre 23: Las tres cámaras de laboratorios le enviaron una carta a la ministra de Salud Carla Vizzotti donde expresaron su rechazo a la propuesta que se discute en el Congreso. Según su mirada, la tasa del 3 por ciento que se busca aplicar es “a todas luces excesivo e innecesario”.

L
a llamada Ley de envases es una propuesta del gobierno nacional que se trata en estos días en el Congreso, y que genera polémica con las empresas y otros sectores. La iniciativa busca crear la llamada “Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida (TAREP)”, la cual podrá llegar hasta 3 por ciento en los envases de productos de limpieza, higiene, alimentos, bebidas y medicamentos. La idea es que esta tasa sea pagada por las firmas que no elaboren envases que no puedan ser reciclados, una forma de incentivar a la responsabilidad ambiental. La propuesta genera rechazo de varios sectores, incluyendo los laboratorios que producen tratamientos en el país, que formalizaron sus dudas respecto de la norma a través de una carta enviada a la ministra de Salud Carla Vizzotti. “La incidencia de los impuestos sobre el precio de venta al público de los medicamentos llega al 37 por ciento, porcentaje superior al que existe en otros países de la región. Con la imposición cuestionada se estarían generando sobrecostos improductivos e innecesarios en la cadena de comercialización de medicamentos”, destacaron en la misiva las tres cámaras del sector, CILFA, CAEME y COOPERALA. Los laboratorios afirmaron que “los medicamentos, productos médicos, suplementos dietarios, vacunas, cosméticos y productos de higiene personal y para la salud -por sus características particulares y sus normas específicas reguladas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en todo el proceso productivo y de comercialización– deben ser claramente excluidos de este nuevo régimen del propio texto de la ley”.
Mediante esta carta, la industria farmacéutica se sumó a otros sectores, como las empresas de alimentos, que rechazan esta ley, ya que tendrá incidencia en los precios finales de los productos. En este sentido, las tres cámaras recordaron que el proyecto de ley “cuenta con numerosos puntos críticos para el entramado industrial y comercial”. También se subraya que “pretender gravar la distribución mayorista de medicamentos y vacunas con una alícuota que puede llegar al 3 por ciento del valor de ventas, resulta a todas luces excesivo e innecesario”. Esto, remarcan, en un contexto en el que “la principal política del Gobierno Nacional es disminuir la inflación medida por el INDEC. La industria farmacéutica está haciendo un esfuerzo de colaboración con el Gobierno y la población, con el compromiso de mantener el precio de los medicamentos estabilizados hasta el 7 de enero de 2022”.
* Los laboratorios afirman que los medicamentos deben ser claramente excluidos de este nuevo régimen del propio texto de la ley
El proyecto generó esta semana fuertes controversias con los sectores de la industria y de la oposición, que anticipó su rechazo al texto impulsado por el Poder Ejecutivo, al advertir que incluía la creación de un nuevo gravamen. Ante esto, el diputado nacional oficialista Itai Hagman, detalló que el proyecto "busca resolver el problema con un doble objetivo: a través de la tasa variable al productor, desincentivar el uso de los envases más contaminantes". Sobre ese punto, afirmó que "es importante recalcar que la tasa puede ser cero si las empresas utilizan materiales 100 por ciento reciclables o si tienen un sistema propio de reciclado de sus envases y, si no, es una tasa que crece a medida que crece el impacto ambiental negativo del material que se usa para el envase". La queja de los laboratorios se da en el marco de las tirantes relaciones que se mantienen con el gobierno, por el precio de los tratamientos en el país. Luego de varias negociaciones, se anunció el congelamiento de los medicamentos –retrotraídos al 1° de noviembre y con validez hasta el 7 de enero –que transita sus primeras semanas de vigencia en las farmacias, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y los principales laboratorios del país antes de las elecciones del 14 de noviembre.
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