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Ley Oñativia: primer intento de garantizar el acceso a los medicamentos

#Historia

BUENOS AIRES, julio 26: Se cumplen 58 años de la sanción de la norma, que declara como “bien social” todos los tratamientos, congeló los precios y enfrentó al gobierno con los laboratorios.

E
l 23 de julio de 1964, el Congreso nacional aprobó la ley 16.463, que pasaría a la historia como “ley Oñativia”, por el ministro de Salud que la elaboró y motorizó. La misma establecía una política de precios y de control de medicamentos, congelando los precios y fijaba límites para los gastos de publicidad e imponía topes a la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos. Para la época, era toda una normativa de avanzada, que busca resolver el problema de acceso a los tratamientos que tenían en ese momento millones de familias argentina. Por eso, el presidente Arturo Illia le encomendó a su ministro Arturo Oñativia la elaboración de una propuesta que permitirá salvar este problema, el primero en trata como “un bien social” a los productos farmacéuticos. Para su elaboración, el funcionario acudió a un estudio conjunto de la OEA, el BID y la CEPAL, denominado “Incidencia de los gastos en medicina en los presupuestos familiares” que indicaba que, “para los grupos de menores ingresos, la proporción que representaban los medicamentos era del 62,6 por ciento, un monto mayor que lo representado por médicos y sanatorios”. A partir de esto, se llamó a dos comisiones, una formada por médicos, bioquímicos, y especialistas en farmacología, y otra formada por contadores y economistas, que se centró en el estudio de los costos de los medicamentos. La comisión integrada por especialistas en ciencias de la salud, trabajó sobre una muestra de más de 20 mil medicamentos, y descubrió que muchos de ellos, una parte relevante carecía de las drogas e ingredientes que decían contener, o bien no las tenían en las proporciones explicitadas en sus prospectos. La comisión de contadores pudo constatar que los grandes laboratorios “poseían un doble juego de libros de contabilidad que les facilitaba exagerar los costos para maximizar sus ganancias”. A partir de eso, se elaboró la ley.
La norma comenzó a discutirse en el verano del 64, y fue junto con la cancelación de los contratos petroleros firmados por Arturo Frondizi una de las iniciativas principales de la presidencia de Illia. El proyecto daba grandes facultades al Ministerio de Salud Pública. El texto original afirma que “el precio de venta de los productos inscritos como medicamentos industriales, no podrá exceder del que determine dicho ministerio”. Para garantizar la calidad de los productos, se creaba el Instituto de Farmacología y de Normalización de Drogas y Medicamentos, a cargo de las autorizaciones y las regulaciones. Además, se explicitaba que “no podrá autorizarse la instalación de nuevos laboratorios y se cancelarán los permisos de los existentes, cuando no elaboren sus propios productos y sus actividades se limiten a envasar especialidades preparadas por terceros”. La complejidad del tema, y las presiones de la industria farmacéutica, hicieron que se tardara casi dos años en reglamentar la norma, que recién se formalizó en 1966, donde se incorporó el tema clave: el estricto control de precios. “El proceso económico de los medicamentos debía escapar a la ley de la oferta y la demanda, a los principios de la libre competencia y de la libertad contractual, ya que la venta de las especialidades medicinales al público consumidor se encuentra condicionada por el estado de necesidad del mismo y por la prescripción médica”, argumentó el ministro Oñativia en la defensa del proyecto en el Congreso.
* Para garantizar la calidad de los productos, se creaba el Instituto de Farmacología y de Normalización de Drogas y Medicamentos, a cargo de las autorizaciones y las regulaciones
Desde un inicio, la ley fue criticada por los laboratorios que operaban en ese momento en el país, que fueron los motores de la lucha contra la norma, que terminó siendo una lucha contra el propio gobierno de Illia. Ya el 8 de mayo de 1964, se realizó una conferencia de prensa de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales en el Plaza Hotel de Buenos Aires. Desde ese momento comienza la “guerra” contra la ley. Juan Podestá, representante de la UIA, dice abiertamente: “la inoperancia demostrada por el intervencionismo estatal” y se pronunció en defensa de la economía libre. Además, los laboratorios sostuvieron que sólo ellos poseían “expertos con la pericia necesaria” para realizar la estructura de costos. El gobierno respondió dando seis meses para presentar una declaración jurada relativa al costo y la calidad de los medicamentos, al tiempo que mantuvo la congelación de los precios. Ninguno de ellos presentó la declaración jurada. Con la ley aprobada, se congeló el precio de los tratamientos, y en 1965 inició la inscripción de todas las especialidades medicinales. Así, de las 33 mil que existían luego de la reinscripción se aprobaron tan sólo 17.832. Con dos decretos se puso en funcionamiento provisoriamente la norma, ante la presión de las farmacéuticas, que seguían rechazando la ley pero no explicaban los costos que justificaran salir del congelamiento. Incluso el Club de Paris presionó al gobierno, que además enfrentaba varias dificultades. Finalmente, en el 66 se puso en marcha la ley, sin que las empresas presentaran cualquier información. “Los señores tuvieron otra entrevista conmigo, volvieron a decir que la ley era arbitraria, que atentaba contra la libre empresa, yo les reiteré que me expusieran cuales eran sus objeciones y me dijeron: en pocos días le contestamos. A los diez días me derrocaron”, recordó Illia con el tiempo. La dictadura militar anuló la ley, y terminó con la primera experiencia de este tipo, todavía recordada.
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