E
l fin de semana pasado, en el marco de una serie de baterías económicas anunciadas para mejorar la situación de muchos sectores de la sociedad, se confirmó que las prepagas congelarán sus cuotas por 90 días. Se trata de un intento de frenar el impacto de la devaluación del 14 de agosto, que disparó la inflación. Luego de la decisión, las empresas adelantaron que no estaban en condiciones de afrontar este freno, y alertaron sobre problemas respecto al impacto de la medida. En estas horas, además, decidieron desoír el congelamiento y comenzaron a enviar las nuevas facturas con incrementos promedio del 7 por ciento. Fuentes del sector de las prepagas confirmaron que los afiliados “están comenzando a recibir la factura correspondiente a setiembre con el incremento acordado del 7,18 por ciento con respecto al valor del plan de servicio vigente al 31 de este mes”. Si la suba de setiembre se realiza, en los primeros nueve meses del año las cuotas hubieran acumulado un alza de 78,1 por ciento (63,8 por ciento para aquellos que se hubieran registrado como de menos poder adquisitivo). El argumento de esta rebelión es que “las cuotas ya estaban facturadas”. Desde marzo se observó un traslado significativo de planes de salud más costosos a opciones más asequibles, ya que la clase media busca mantener un nivel básico de atención médica ante la sobrecarga de los hospitales públicos. Según datos proporcionados por las prepagas, por primera vez ocurrió que el número de nuevas afiliaciones es menor que el de cancelaciones, una situación que no se había experimentado desde la crisis del 2001.
El domingo pasado, Sergio Massa incluyó entre los anuncios que hizo para "cuidar a las familias" después de la devaluación post PASO la suspensión por 90 días del aumento de la medicina prepaga para las familias con ingresos que no superen los 2 millones de pesos mensuales. Desde 2022, el aumento de las cuotas de las prepagas se establece según la variación del índice de costos de salud, que es elaborado y publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud. En febrero pasado, el Gobierno estableció, además, un esquema de reajustes mensuales mediante el cual, si no se supera un determinado nivel de ingresos, se puede pedir la aplicación de un tope al porcentaje del incremento. Todo ese modelo, según el anuncio de Massa, queda suspendido. Las empresas del sector todavía no salieron públicamente a fijar posición porque están esperando la oficialización de la medida. Sin embargo, los referentes insisten en que la decisión "no tiene lógica" porque el resto de los costos siguen subiendo.
Entre las alternativas que analizan en reuniones permanentes desde el lunes, está la de judicializar la medida a cobrar copagos (una situación que ya se viene dando en muchos puntos del país) a congelar los aranceles de los prestadores. Esa última opción fue rechaza por las cámaras del sector que advirtieron que no la pueden soportar y que, de realizarse, generaría una crisis en todo el sistema. Fuentes del sector de las prepagas reconocieron al diario La Nación que, desde marzo, se registra "un corrimiento" a planes más bajos e incluso "abandonos" del sistema. Subrayaron que en ese mes se produjo un "hecho inédito: las altas fueron menores a los egresos; algo que no se daba desde la crisis del 2001″. Desde entonces, los aumentos mensuales de las cuotas continuaron incrementándose en función del acuerdo del sector con el Gobierno y, además, la inflación general fue subiendo y determinando que los consumidores prioricen determinados tipos de compromiso. En febrero pasado -después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner criticara los aumentos de las prepagas- se modificó el esquema de instrumentación de los incrementos de las cuotas y pasaron a quienes perciban ingresos netos inferiores a seis veces el salario mínimo, vital y móvil debieron completar una declaración jurada para que se le aplique un tope equivalente al 90 por ciento de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
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